Organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos de la provincia de Santa Fe presentaron este lunes un pedido de acceso a la información pública ante la Secretaría de Género, en reclamo por el desfinanciamiento de políticas públicas esenciales para mujeres y diversidades.
La solicitud fue acompañada por la presentación de un plan de acción con actividades realizadas en los últimos meses, destinadas a visibilizar el incumplimiento de la Ley 13.048, que establece un sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en la provincia.
Desde los espacios convocantes —entre ellos, organizaciones que gestionan centros de día para mujeres en situación de violencia— denunciaron que desde el inicio de 2025 no han recibido fondos provinciales para sostener sus acciones. Esta falta de recursos pone en riesgo el funcionamiento de dispositivos clave de atención y acompañamiento.
“Este año no recibimos ni un peso de la Secretaría de Género. Sin recursos, no podemos sostener equipos, ni procesos educativos, ni acompañar a las mujeres como corresponde”, advirtieron desde uno de los centros afectados.
Siete puntos clave
El pedido formal incluye siete puntos concretos sobre los que se exige información detallada:
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Asignación presupuestaria actual y ejecución de fondos destinados a políticas de género.
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Estado de implementación de políticas específicas contra la violencia de género.
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Situación de los convenios con centros de día, muchos de los cuales están paralizados.
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Funcionamiento y actualizaciones del Observatorio de Violencia de Género, previsto por la ley provincial.
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Cumplimiento de la Ley Micaela, en cuanto a formación obligatoria en género para funcionariado público.
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Estado de implementación del cupo laboral trans, en cumplimiento de la legislación vigente.
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Cobertura del Estado Provincial en procesos de hormonización y readecuación de género, contemplados en la Ley de Identidad de Género.
Desde la Mesa del Orgullo de Santa Fe, que también acompañó la presentación, expresaron su preocupación por la paralización de políticas de inclusión y salud para personas LGBTIQ+. En particular, se reclamó por la falta de avances en salud sexual y reproductiva para poblaciones vulnerables y la discriminación estructural que aún atraviesa al colectivo.
“Necesitamos que el Estado implemente políticas estratégicas, no podemos retroceder en derechos conquistados como el cupo laboral trans o el acceso integral a la salud”, indicaron desde la Mesa.
Silencio oficial y preocupación creciente
Según explicaron las organizaciones, hubo múltiples reuniones con funcionarias de la Secretaría de Género en las que se pidieron respuestas y explicaciones, pero no obtuvieron respuestas concretas ni soluciones. “Ya no sabemos qué hacer. Esta presentación es la última instancia que nos queda antes de que se desarticulen totalmente los espacios que tanto costó construir”, lamentaron.
El escenario que describen es alarmante: equipos profesionales desarticulados, procesos de acompañamiento interrumpidos y ausencia del Estado en situaciones de violencia de género que requieren intervención urgente.
La presentación del pedido de acceso a la información pública busca ahora obtener respuestas formales sobre el estado de las políticas públicas y reactivar los programas esenciales que, aseguran, están en peligro de desaparición.
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