El brutal triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi estremeció al país. Los tres crímenes, perpetrados en el marco del narcotráfico y el crimen organizado, no son hechos aislados.
Así lo confirma el último informe del Observatorio de Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos”, que revela una estadística desgarradora: en Argentina se produce un femicidio cada 36 horas.
Entre el 1 de enero y el 29 de septiembre de 2025, se registraron 182 femicidios de mujeres, lesbianas, travestis y trans. De ese total, 141 fueron femicidios directos, 16 vinculados y 16 en contexto de narcotráfico o crimen organizado. Además, se contabilizaron 758 intentos de femicidio, 9 muertes violentas asociadas al género, 1 lesbicidio y 1 travesticidio.
Narcotráfico y violencia de género: un cóctel letal
El caso de Lara, Brenda y Morena visibiliza un fenómeno creciente: la violencia femicida en territorios dominados por economías ilegales. Desde el Observatorio de Mumalá advierten que, en zonas donde operan grupos criminales, las mujeres y disidencias están expuestas a riesgos específicos derivados de su género.
“El entramado de disputas, venganzas y ataques armados entre bandas narco o criminales convierte a mujeres, adolescentes, niñas, travestis, trans y lesbianas en blancos vulnerables”, expresaron desde el informe. Muchas veces, estas víctimas se ven involucradas directa o forzadamente con actores criminales, generalmente a través de vínculos familiares o afectivos.
La precariedad habitacional, la falta de acceso a derechos básicos y la alta circulación de armas de fuego —legales e ilegales— profundizan aún más la vulnerabilidad. A esto se suma, según Mumalá, la ausencia del Estado: “El Gobierno decidió retirar todos sus esfuerzos y recursos, liberando el territorio al narcotráfico”.
El perfil de las víctimas y femicidas
El informe también detalla el perfil de las víctimas y de los femicidas. La edad promedio de las víctimas es de 41 años. El 70% fue asesinada en su vivienda, el 32% con arma blanca, y el 14% había denunciado previamente a su agresor.
En cuanto a los agresores, el 73% era una ex pareja o familiar. El 32% convivía con la víctima al momento del crimen. Además, el 10% pertenecía a fuerzas de seguridad, el 15% se suicidó luego de cometer el femicidio y otro 5% lo intentó.
Otro dato alarmante: 120 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos tras estos hechos. Y un 7,3% de las víctimas estuvo desaparecida antes de ser asesinada.
La deuda del Estado y el reclamo por políticas públicas
Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumalá, denunció que la falta de políticas públicas y el desguace de la asistencia estatal son factores que agravan la violencia contra las mujeres.
“Los recortes económicos, la falta de control sobre la ruta del dinero y las armas, y las prácticas corruptas en los tres poderes del Estado dejan a las comunidades desprotegidas”, alertó Sosa. Propuso la declaración de la emergencia nacional en violencia de género, junto con la implementación de políticas integrales de género y seguridad, articuladas entre Nación, provincias y municipios.
“El abordaje debe incluir inversión social, sanitaria, educativa y laboral, y contemplar las violencias urbanas. No podemos seguir mirando para otro lado”, concluyó.
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