Se cerró el acto eleccionario en Santa Fe y este domingo, la provincia votó. Las PASO fueron la primera convocatoria a las urnas durante ete 2025. Ahora bien, la pregunta es: ¿Qué pasa con la persona que no concurrió a emitir el sufragio?
Se sabe que en Argentina, el voto es obligatorio para todas las personas mayores de 18 años y menores de 70. Aquellos santafesinos que no fueron este domingo deberán justificar su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección. Las justificaciones válidas incluyen razones de salud, estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación o razones laborales debidamente acreditadas.
Quienes no justifiquen su ausencia serán incluidos en un registro de infractores y podrían recibir una multa económica. Además, podrían enfrentar restricciones para realizar trámites ante organismos estatales durante un año, como obtener el pasaporte o renovar el registro de conducir.
Cabe mencionar que las personas mayores de 70, tienen el derecho de votar pero no están obligados. En su caso, la no participación no genera sanciones.
La ley contempla situaciones específicas en las que los ciudadanos pueden quedar exceptuados de votar. Entre las causas más comunes están:
- Encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar donde se debe votar y no contar con medios de transporte para trasladarse.
- Estar enfermo o atravesar una situación médica que impida presentarse en el lugar de votación.
- Cumplir funciones durante la jornada electoral, como ser personal de seguridad o de salud en servicio.
- Haber sufrido una situación de fuerza mayor que impida ejercer el derecho al voto.
El trámite puede realizarse de manera presencial ante la autoridad electoral o, en muchos casos, a través de una plataforma digital habilitada para tal fin. Es importante conservar los comprobantes y asegurarse de completar correctamente los datos personales, como número de documento, distrito y motivo de la ausencia.
No justificar la inasistencia al voto puede traer consecuencias. Las sanciones incluyen la imposibilidad de realizar trámites ante organismos públicos nacionales, provinciales o municipales durante un año, como renovar el pasaporte o sacar el registro de conducir. También puede implicar multas económicas o inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un período determinado.
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