Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Omar Scarel, permanecerán en prisión preventiva, en principio, por los próximos 120 días. Así resolvió el tribunal penal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy, en la audiencia celebrada el sábado 29 de marzo de 2025, en los tribunales de la Ciudad de Rosario, tal lo solicitado por los fiscales Miguel Moreno, Sebastián Narvaja y María Teresa Granato, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, quienes los acusan de ser "jefes" de una organización criminal que produjo el "vaciamiento" de la empresa Vicentín saic, mediante una "administración fraudulenta".
Al cabo de tres días de audiencias: jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de marzo de 2025, los fiscales ampliaron otros "cuatro hechos de administración fraudulenta, según lo reprochado en el artículo 173, inciso 7º, del capítulo de Estafas y Defraudaciones del Código Penal Argentino, en perjuicio de Vicentín saic, Oleaginosa San Lorenzo s.a., Sir Cotton s.a.; y Algodonera Avellaneda (empresas del mismo grupo), cuyos directores actuaban en sintonía con la organización criminal, todos vinculados al mismo grupo de poder de Vicentín saic, remarcaron los fiscales.
PLANIFICARON EL VACIAMIENTO
Los fiscales, quienes se fueron sucediendo en el uso de la palabra, sostuvieron que la asociación ilícita se alineó con el cumplimiento de los siguientes objetivos:
Consolidar el provecho obtenido mediante los ilícitos cometidos hasta el mes de diciembre de 2019.
Garantizar la impunidad frente a la eventual determinación de sus responsabilidades penales y patrimoniales.
Asegurar el mantenimiento del control del grupo empresario.
Continuar manipulando las decisiones de gestión y gobierno de Vicentín saic y del conjunto de empresas que integran el grupo empresario, entre otras: Sir Cotton s.a., Oleaginosa San Lorenzo s.a., Algodonera Avellaneda s.a.; y Sottano s.a., con el objeto de obtener beneficios económicos ilegítimos en provecho propio y en perjuicio de las propias entidades societarias, así como de sus acreedores legítimos, entre ellos: proveedores, clientes y trabajadores.
Remarcaron los acusadores que, al menos desde el año 2017, los imputados (más otras personas ya fallecidas) subvirtieron el orden lícito que debe regir la actividad empresarial, para servirse de las redes ya establecidas en el grupo económico, de la organización del trabajo en las distintas firmas, de su estructura normativa y de los apoyos externos —profesionales, jurídicos, contables, empresariales, logísticos y productivos—, poniéndolos al servicio de finalidades criminales.
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