En la provincia de Santa Fe, alrededor de 1.800 niños, niñas y adolescentes se encuentran actualmente bajo medidas de protección excepcionales, dispuestas por el Estado para alejarlos de entornos familiares donde sus derechos fueron vulnerados.
Uno de los episodios más recientes que volvió a poner el tema en agenda es el de un bebé de seis meses internado en el hospital Víctor J. Vilela, víctima de un presunto abuso sexual. Por el hecho, permanece aprehendido un hombre que mantiene una relación afectiva con la madre del niño.
La secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, confirmó que este tipo de situaciones son más frecuentes de lo que se cree. “Este es un caso específico de una criatura de seis meses que presenta vulneración extrema. Es una tragedia, pero todas lo son. Hay 1.800 niños y niñas con medidas de protección excepcionales en la provincia”, señaló.
León explicó que las separaciones se dan cuando el menor “está en una situación de extrema vulnerabilidad” y remarcó la carga emocional que implica para los equipos estatales: “Hay casos muy tristes, tenemos un nudo en el estómago todos los días”.
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Cómo es el procedimiento legal
El camarista Marcelo Molina, ex juez de Familia, detalló el proceso judicial que se aplica en estos casos. “Cuando la Dirección Provincial de Niñez se entera de una grave violación de derechos y no hay ningún adulto responsable que pueda hacerse cargo, puede disponer una medida de protección excepcional que consiste en separar al niño o niña de su grupo familiar, al menos de manera provisoria, hasta evaluar la situación”, explicó.
Esa medida debe ser comunicada de inmediato al juez de Familia, quien realiza el control de legalidad. Según el Código Civil, el plazo máximo para definir una solución —ya sea la restitución familiar, tutela o adopción— es de seis meses.
Molina aclaró que no todos los casos derivan en adopciones: “Puede resolverse, por ejemplo, con la tutela de una abuela o de un hermano”. Y puntualizó que no toda situación familiar compleja implica vulnerabilidad: “Que la madre tenga 16 años no significa que el chico esté en riesgo. En cambio, un abuso es una vulneración clara y requiere una medida inmediata”.
El magistrado también destacó que la intervención estatal no siempre recae sobre Niñez. “Cuando un chico falta a la escuela o presenta otros indicadores, pueden intervenir el Ministerio de Educación, un docente o un pediatra. Niñez actúa cuando la vulneración de derechos es grave y todos los adultos responsables fallan en su cuidado”, concluyó.
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