El Concejo Municipal de Santa Fe dio un paso significativo este jueves al adherir a la Ley Provincial Nº 14.297, conocida como Ley "Chachi", que tiene como objetivo principal prevenir, sancionar y reparar los casos de violencia digital y mediática. La normativa lleva el nombre de María Fernanda “Chachi” Telesco, una joven actriz rafaelina cuya vida y carrera se vieron truncadas tras ser víctima de violencia digital y mediática, lo que la convirtió en un símbolo de lucha en este ámbito.
La adhesión fue impulsada por la concejala Adriana “Chuchi” Molina, quien destacó la importancia de abordar esta problemática de manera integral y recordó el caso de Chachi Telesco como un ejemplo de cómo la violencia digital puede tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas. "Chachi estaba en el esplendor de su carrera y fue víctima de una difamación masiva mediante el uso de imágenes íntimas. En ese momento, no tenía herramientas legales para defenderse", explicó Molina.
La concejala también subrayó que esta adhesión no es un hecho aislado, sino parte de un marco legislativo más amplio. "Primero aprobamos la Ley Olimpia a nivel nacional, que protege los derechos digitales, y ahora damos un paso más con la Ley Chachi en el ámbito provincial", afirmó. La nueva normativa busca garantizar un enfoque preventivo, sancionador y reparador para abordar la violencia contra las mujeres en espacios digitales, un flagelo que crece a medida que la tecnología avanza.
Julián Martínez, otro de los concejales que apoyó la iniciativa, celebró la rápida reacción del cuerpo legislativo para adherir a la ley. "Es muy importante que el Concejo haya trabajado todo el año en esta temática. Espero que esto sirva como una plataforma para incorporar estos delitos en el Código de Faltas y avanzar hacia sanciones más claras, como ocurrió con el acoso callejero", señaló Martínez.
Entre los puntos destacados de la ordenanza local, se encuentra la inclusión de un módulo específico sobre violencia digital en las capacitaciones obligatorias en género que establece la Ley Micaela. Esta formación estará dirigida a todos los funcionarios públicos, sin importar su nivel o jerarquía, en organismos municipales como la Administración Central, el Concejo Municipal y el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, se propone articular acciones con la Secretaría de Políticas Sociales y otras áreas municipales, provinciales y nacionales para diseñar e implementar capacitaciones específicas sobre violencia digital. Estas actividades incluirán talleres de sensibilización y asesoramiento para personal municipal y actores externos, con el fin de crear conciencia sobre los riesgos de la violencia digital y sus implicancias legales y sociales.
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