Tras la reunión de Gabinete de este viernes, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, apuntó directamente contra Ariel García Furfaro, titular del laboratorio Ramallo y del HLB Pharma Group, por la tragedia vinculada al fentanilo contaminado, que ya provocó 96 muertes en todo el país.
“Es un grupo empresarial espurio y delictivo comandado por un exconvicto que operaba con cobertura política”, denunció el funcionario en declaraciones a Crónica TV.
Lugones confirmó que el Gobierno inició un sumario interno en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, para investigar cómo se permitió la circulación del lote adulterado. Además, precisó que el Instituto Malbrán está actuando como perito en la causa, a pedido del juez federal que investiga el caso.
“Somos querellantes. Queremos, al igual que los familiares, que esto se resuelva lo más rápido posible”, sostuvo el ministro, quien además repasó el historial de irregularidades del empresario: “Este hombre viene haciendo negocios espurios. Comenzó hace mucho con el laboratorio Apolo, falsificando documentos para acceder a sustancias controladas. Todo esto tiene que acabarse. Nosotros vinimos a ponerle fin. El que las hace, las paga”.
Deficiencias sanitarias y denuncia penal
Lugones también explicó los aspectos técnicos de la contaminación: “El medicamento viene en una ampolla. Para que adentro haya una bacteria, tuvo que ser fabricado en un ambiente no estéril. Su obligación como laboratorio era retirar las muestras. No lo hizo, por eso tiene una denuncia penal”. Cerró con una frase categórica: “Espero que reciba su merecido”.
Respuesta del juez a Milei
En paralelo, la investigación judicial se cruzó con un nuevo frente político. El juez federal Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la causa, respondió a los cuestionamientos del presidente Javier Milei, que había sugerido un posible conflicto de intereses entre el magistrado y su hermano, Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense.
“Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”, expresó el juez en declaraciones al medio Infocielo.
La causa avanza entre denuncias cruzadas, fallas en los controles sanitarios y posibles responsabilidades penales de los actores involucrados en la cadena de producción y distribución del fentanilo adulterado. El escándalo pone en evidencia un sistema de fiscalización debilitado y con consecuencias trágicas.
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