El Gobierno nacional oficializó la aceptación de la renuncia del juez federal Marcelo Bailaque, quien se desempeñaba al frente del Juzgado Federal Nº 4 en Rosario. La medida comenzará a regir a partir de este martes 1° de julio, aunque su salida se da en medio de un contexto delicado por investigaciones abiertas en su contra.
Bailaque había solicitado su retiro del cargo semanas atrás, mientras enfrentaba un proceso en el Consejo de la Magistratura, que analizaba la posibilidad de suspenderlo y avanzar con un juicio político. Las acusaciones incluían presuntos pedidos de dinero a empresarios, dilaciones injustificadas en causas de alto perfil y manejo indebido de fondos públicos.
La decisión de no presentarse ante el Consejo para ejercer su defensa oral y hacerlo solamente por escrito generó malestar dentro del organismo, que había reunido evidencia suficiente para iniciar una actuación formal por mal desempeño. Sin embargo ahora que el ejecutivo aceptó su renuncia el proceso disciplinario se cae, evitando así cualquier tipo de sanción institucional. Por eso, sectores vinculados a la justicia y la transparencia reclamaban que la dimisión no sea homologada, para permitir que la investigación siga su curso.
El caso reabre el debate sobre los mecanismos de control en el Poder Judicial y las consecuencias reales que enfrentan los magistrados cuando son denunciados por irregularidades graves. La decisión final ahora queda en manos del Poder Ejecutivo.
Cabe mencionar que esta renuncia no afecta el trámite de las causas judiciales que pesan en su contra. De hecho el magistrado tiene una prisión preventiva confirmada que no se hizo efectiva hasta el momento por los fueros que protegen a los magistrados, situación que cambiaría a partir de este martes.
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