Las universidades públicas de todo el país están en paro este viernes 12 de septiembre. La medida de fuerza, convocada por gremios docentes y no docentes, responde al rechazo del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario aprobada recientemente por el Congreso.
Durante la jornada, se verán suspendidas tanto las clases como las actividades administrativas en todas las casas de altos estudios del país.
La protesta fue anunciada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) y se enmarca en un plan de lucha que también incluyó una jornada nacional de visibilización el día anterior. Además, los gremios ya anticiparon que, cuando el Congreso trate el veto presidencial, se realizará una Marcha Federal Universitaria en todo el país.
Mammarella: “Se corre riesgo de destruir el sistema”
Una de las voces más críticas frente al veto fue la del rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, quien alertó que la medida “pone en grave riesgo el funcionamiento de las universidades públicas”.
Mammarella calificó como contradictoria la decisión del Gobierno: por un lado, reconoce un atraso del 40,25% en los salarios básicos y en los gastos de funcionamiento, pero por otro lado se niega a garantizar los fondos necesarios. El rector también denunció la falta de una ley de presupuesto nacional, lo que habilita al Poder Ejecutivo a distribuir recursos “de forma discrecional”.
“El Gobierno destina billones de pesos a instrumentos financieros con tasas elevadas, mientras niega fondos a las universidades. Con solo seis meses de esa tasa se podría financiar todo el proyecto universitario”, ejemplificó.
Qué planteaba la ley vetada
La ley de financiamiento universitario vetada por Milei tenía como objetivo asegurar la estabilidad presupuestaria de las universidades nacionales, eliminando la dependencia de decisiones discrecionales del Gobierno de turno. Entre sus principales ejes se incluían:
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Actualización automática del presupuesto en base a la inflación.
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Distribución equitativa de los fondos entre todas las universidades públicas del país.
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Garantía de funcionamiento, asegurando el pago de salarios, mantenimiento edilicio y continuidad de actividades académicas y científicas.
Con el veto presidencial, el proyecto vuelve al Congreso. Para que la norma original sea aprobada pese al rechazo del Ejecutivo, la oposición deberá reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.
Mientras tanto, las universidades permanecen en estado de alerta, con un mensaje claro: sin financiamiento adecuado, peligra la educación pública superior en la Argentina.
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