El juez federal Ariel Lijo sigue al frente de la causa que él mismo ordenó archivar pero que debió reactivar tras la decisión de sus superiores, la Sala I de la Cámara Federal porteña, que ordenaron el desarchivo del expediente el 8 de julio pasado por considerar “prematuro” el cierre de la causa.
Desde entonces, Lijo y el fiscal federal Ramiro González siguen al frente de la investigación pero, también, interviene la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.
Ordenaron el desarchivo el 8 de julio último por considerar “prematuro” el cierre del expediente. Ahora el caso continuará siendo investigado, esta vez con la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.
La fiscal Mángano es una autoridad en este campo y viene de redactar un manual con expertos internacionales destinado a mejorar la capacitación de funcionarios en la lucha contra la trata de personas.
La Protex tiene, hasta el año 2023, estadísticas que explican que se lograron 24 sentencias por explotación humana.
Del total de sentencias registradas, la mayoría fueron sentencias condenatorias: El 70,4% por el delito de trata de personas y el 14,3% por delitos conexos.
Solo el 15% representa aquellas sentencias con veredicto absolutorio y el 0,4% representa sentencias con veredicto conciliatorio.
En el caso que tiene en vilo a empresarios de la salud y del fútbol, la PROTEX deberá analizar si existieron intermediarios que se hayan beneficiado de la prostitución o explotación sexual de terceros; y si, como sostuvo Mazzoni el 5 de agosto pasado en una intervención pública en el Senado, existió la participación de menores en supuestas fiestas sexuales, lo cual, hasta el momento, no está acreditado en el expediente, según las sendas consultas a tres fuentes que intervienen en la causa y tuvieron acceso a la misma.
Las denuncias sinfín de Roberto Mazzoni
En principio la defensa del empresario farmacéutico, escritor y filántropo, Alejandro Roemmers había logrado probar las inconsistencias en el relato que significó el corazón de la denuncia de Mazzoni.
Para los letrados cercanos al heredero de una fortuna empresarial, “...hemos ofrecido testigos y pruebas que demuestran el accionar de Roberto Mazzoni, la incitación al falso testimonio y su voluntad de pedir dinero a cambio de no difamar”
El juez Lijo, que retoma sus actividades tras la frustración de no haber sido votado para integrar la Corte Suprema de Justicia, dio entidad a esta versión y ordenó archivar el expediente que tiene en jaque, no solo al empresario de la salud, sino a otro del fútbol, ligado a River Plate, Matías Barreiro, entre otras personas denunciadas por supuesta trata de personas con fines de explotación sexual y suministro y comercialización de drogas.
Hubo una testigo a la que los camaristas prestaron mucha atención y que posibilitó que la causa no quedase archivada. Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia coincidieron en que el juez Lijo debe ordenar más medidas de prueba para tratar de descartar ciertas hipótesis, en especial, la planteada por la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, que manifestó en el expediente que “dos jóvenes denunciaron haber sido víctimas del delito de trata de personas” y que “manifestaron haber sido 'drogadas' mientras participaron de fiestas”.
Alejandro Roemmers, autor del “Retorno del joven príncipe”, comunicó hace dos años que “ante la difamación y falsas denuncias” de las que sería objeto, definió a Roberto Mazzoni como “un individuo con antecedentes de extorsión, hurto y violencia que han tomado estado público” y habló de supuesta “difamación y extorsión a un reconocido artista e intento de atropello con una camioneta robada” por parte del denunciante.
Según Roemmers, “la Justicia archivó la falsa denuncia de Roberto Mazzoni después de dos años en que no se presentara ninguna prueba y ningún damnificado en la causa, ni siquiera el propio Mazzoni, ya que nunca trató” con Roemmers. “Reiteramos: no existe ni una sola persona ni mayor ni menor de edad, ni en nuestro país ni en el exterior, que haya jamás manifestado alguna queja respecto al comportamiento impecable del señor Alejandro Roemmers”, explicaba el comunicado.
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