Ante la circulación de declaraciones públicas con información inexacta, el organismo dependiente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que brinda asistencia a personas con consumos problemáticos y sus familias emitió una aclaración oficial sobre el funcionamiento de los contratos celebrados con distintas instituciones que integran la Red de Cuidados.
En primer lugar, señalaron que los montos que se mencionaron públicamente corresponden a contratos anuales, pero que se ejecutan de manera mensual contra la prestación efectiva de servicios, y no como subsidios otorgados por única vez ni sin control. “No son subsidios ni fondos entregados todos juntos, mucho menos sin rendición”, explicaron.
Desde el organismo también desmintieron una presunta incompatibilidad entre la capacidad profesional de los equipos de trabajo y la antigüedad de la personería jurídica de las organizaciones con las que el Estado firma convenios. En ese sentido, aclararon que el Estado no puede contratar a profesionales individuales, por lo cual se requiere que estos equipos se organicen formalmente como personas jurídicas.
"Hay equipos profesionales con amplia trayectoria y experiencia real en el territorio, que trabajan donde el Estado históricamente no llegó. A esos equipos los alentamos a que formalicen su situación jurídica para que puedan contratar con el Estado", detallaron desde el área.
Para graficar esta situación, señalaron el ejemplo común de clubes de barrio que funcionan activamente desde hace décadas, pero que tienen su personería jurídica formalizada recientemente. “Muchas veces el trabajo comunitario empieza antes de que se regularicen los aspectos formales, pero para poder contratar legalmente con el Estado, esa regularización es indispensable”, indicaron.
Desde el inicio de la actual gestión, se promovió que equipos profesionales del ámbito comunitario y territorial avancen en la conformación legal de sus instituciones, reconociendo su rol estratégico en la atención de personas con consumos problemáticos, especialmente en sectores donde el Estado tiene mayores dificultades para desplegar políticas públicas de forma directa.
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