El fiscal federal N° 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó la elevación a juicio de cinco personas acusadas de integrar una red de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos en la provincia, en un caso que ha sido bautizado como "Cueva del Puerto". La causa involucra a cinco imputados, entre ellos una exempleada del Ministerio de Economía de Santa Fe, quien presuntamente emitía facturas truchas desde equipos informáticos del organismo oficial. Este hecho, en el que la exempleada María Luján Miassi habría emitido documentos falsos, ha sido calificado por el fiscal como un factor grave que contribuyó a las operaciones de esta red financiera.
La investigación, que comenzó en septiembre de 2023, se originó a partir de un allanamiento en el edificio Amarras Center II, ubicado en el Puerto de Santa Fe. El operativo, inicialmente centrado en la recuperación de electrodomésticos robados, dio un giro inesperado al descubrirse una suma considerable de dinero en efectivo. Según el informe policial, en el lugar se encontraron 46 millones de pesos en efectivo, además de divisas extranjeras que incluían 85.000 dólares, 21.000 euros y 23.000 reales. Este hallazgo, sumado a la documentación comercial y tarjetas de débito vinculadas al mercado paralelo, encendió las alarmas de las autoridades.
Una red de identidades falsas y movimientos ilegales
Según detalló el fiscal Rodríguez en la elevación a juicio, los cinco acusados, identificados como Ángel Yamil Benavidez, María Luján Miassi, Raúl Adrián Manonellas, Juan Emilio Gastaldo y Carlos Raúl Quartucci, operaban mediante el uso de identidades falsas. Para ello, habrían utilizado documentos obtenidos de personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de realizar compras de divisas en el mercado paralelo y realizar transacciones bancarias ilegales que eludían los controles cambiarios.
En el análisis de los dispositivos electrónicos incautados, las autoridades encontraron mensajes de texto, correos electrónicos y otras comunicaciones que detallaban el asesoramiento y la planificación financiera para los movimientos irregulares. Entre estos dispositivos figuraba el de una contadora, quien presuntamente facilitaba los procedimientos que garantizaban el éxito de las transacciones. Las ganancias obtenidas en estas operaciones ilegales se reinvertían en bienes inmuebles, vehículos y viajes al exterior, lo que les permitía a los acusados mantener un elevado nivel de vida.
Facturas truchas desde el Ministerio de Economía
Uno de los puntos más destacados en la investigación es el rol de María Luján Miassi, quien, según el fiscal, emitía facturas falsas desde computadoras del Ministerio de Economía de Santa Fe, donde se desempeñaba como empleada. Rodríguez señaló que estas facturas eran utilizadas para justificar y facilitar transacciones ilegales, lo que representa una violación de la normativa interna del ministerio y un presunto delito que podría agravar las penas en su contra. Este hecho fue comunicado por el fiscal al Ministerio de Economía para que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones administrativas necesarias y determinen si se aplicarán sanciones adicionales en el ámbito laboral.
La gravedad de esta acusación ha generado inquietud en el ámbito provincial, ya que implica un uso fraudulento de recursos estatales para beneficiar a una red de intermediación financiera no autorizada. Por el momento, no se han identificado otros empleados del ministerio involucrados en la red, pero las autoridades han manifestado su disposición para colaborar con la justicia en el avance del caso.
Comentarios