Este martes, el Ejecutivo Provincial anunció que asumirá la responsabilidad de pagar los retroactivos salariales adeudados a los empleados judiciales tras un encuentro entre los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares, junto al secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, y la titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich. La falta de fondos en la Corte Suprema de Justicia provincial, atribuida a una administración ineficiente y acelerada del presupuesto, ha obligado al Ejecutivo a intervenir con recursos adicionales para cumplir con las obligaciones salariales pendientes en el Poder Judicial.
Al respecto, el ministro Bastia señaló que el encuentro fue “muy valioso” y detalló que se analizaron diversos temas relativos a los trabajadores judiciales, haciendo énfasis en el déficit presupuestario de la Corte. Bastia fue crítico respecto al uso del presupuesto del máximo tribunal, al que calificó como “discrecional y desajustado”. Añadió que, ante esta situación, el Ejecutivo decidió enviar fondos para cubrir los retroactivos adeudados y garantizar el cumplimiento de los compromisos salariales. “Vamos a transferir las partidas que correspondan y a abonar esos retroactivos”, afirmó Bastia.
Durante la reunión también se abordaron otros aspectos relacionados con el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, tales como ingresos pendientes y procesos de ascensos automáticos. Bastia destacó el desempeño del MPA en términos de compromiso y eficiencia, tanto en el manejo de recursos económicos como humanos, y subrayó que este esfuerzo se refleja en una mejora en la seguridad de la provincia.
Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, ofreció detalles sobre el refuerzo presupuestario que la provincia destinará al Poder Judicial. Explicó que el Gobierno está analizando una partida de 5.200 millones de pesos que permitirá al Poder Judicial saldar las diferencias retroactivas. “Entre esta semana y la próxima, se firmará el decreto correspondiente para que los pagos puedan realizarse en la primera quincena de noviembre”, informó Olivares. Además, el ministro indicó que el Gobierno priorizará a aquellos empleados en situación de necesidad laboral y de confirmación de cargos, garantizando que quienes han aprobado sus concursos y están a la espera de confirmación también reciban el respaldo financiero necesario.
Olivares enfatizó que la decisión de asumir estos pagos obedece a un compromiso con la equidad en la administración de los recursos del Estado y no a una intromisión en la función judicial. “Nuestra prioridad es que los recursos sean distribuidos de igual manera entre los tres poderes. No estamos cuestionando el funcionamiento del Poder Judicial, sino administrando los recursos de la Provincia”, concluyó Olivares.
El Ejecutivo ha dejado en claro que este apoyo financiero es temporal y se buscará una administración más responsable de los fondos públicos en el futuro. Con esta intervención, el Gobierno provincial espera asegurar el cumplimiento de los derechos salariales de los trabajadores judiciales y evitar una crisis laboral en el sector.
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