Una vez más, las personas con discapacidad y las organizaciones que las acompañan se ven obligadas a alzar la voz. Luego de un arduo camino legislativo, la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso, pero el Poder Ejecutivo volvió a frenar su aplicación. Aunque la norma fue publicada en el Boletín Oficial el último día del plazo establecido, el mismo día se emitió un decreto que condiciona su puesta en marcha a una futura decisión del Congreso sobre el financiamiento.
Desde la asociación HOMIMEN —organización por la inclusión de personas con discapacidad que funciona desde los años 70— alertan que el panorama es alarmante. “Los derechos están cada vez más vulnerados. Los prestadores de servicios ya no saben qué más hacer para sostener sus actividades. Nunca vivimos con tanta angustia la posibilidad de no poder responder a nuestras obligaciones mensuales”, señalaron desde la institución.
La situación económica ha puesto a las instituciones en una posición crítica. Los pagos de obras sociales llegan tarde y por montos que no alcanzan para cubrir los costos reales de las prestaciones. Para compensar este déficit, las organizaciones deben recurrir constantemente a la solidaridad de la comunidad a través de actividades de recaudación como rifas y ferias.
“Eso demuestra que la red de solidaridad sigue viva, pero no deja de ser angustiante tener que depender de ella mes a mes. Hoy todas nuestras energías están puestas en subsistir, cuando deberíamos estar enfocados en promover la vida independiente, el trabajo y la participación comunitaria de las personas con discapacidad”, expresaron desde HOMIMEN.
Además del funcionamiento cotidiano de los hogares, también están comprometidas las actividades culturales, recreativas y educativas. “Todo implica un esfuerzo: los traslados, la logística, el personal de apoyo. Y eso hoy está muy limitado. Ni hablar de las prestaciones básicas”, lamentaron.
La situación es aún más compleja si se tiene en cuenta el aumento de la expectativa de vida de las personas con discapacidad. “Hoy atendemos personas de más de 70 años que requieren apoyo físico constante, asistencia para moverse, y los servicios de transporte están completamente comprometidos”, señalaron.
El reclamo no es económico, insisten desde las organizaciones. “Nosotros hablamos de derechos, no de dinero. Y hoy esos derechos están en pausa”, concluyeron.
Comentarios