Familiares de personas con discapacidad llegaron hasta la Legislatura para exponer la difícil realidad que atraviesan ante la quita de subsidios y el recorte del pago a prestadores. La situación, para ellos, llegó a un límite inaceptable y hablan de abandono por parte del Estado.
"Venimos a exponer la problemática del atraso en el pago a los prestadores, por el recorte que hubo a través del gobierno nacional, con un DNU que se lleva 110 millones de pesos y recorta los pagos a prestadores que ya de por sí, cobran con cuatro o cinco meses de atraso", señaló María José García, familiar de una persona con discapacidad.
Por su parte Graciela Díaz relató que vive en Venado Tuerto y "para darme la autorización anual, más de una vez me dicen 'nosotros acá no sabemos nada, vaya a Rosario', tengo que viajar a Rosario perdiendo ocho horas y con gastos por mi cuenta. No se autorizan prestaciones, devuelven la documentación" y agregó: "La acompañante terapéutica de mi hijo cursa un embarazo de siete meses, según IAPOS, en marzo cobraba la hora 270 pesos".
En su visita a la capital provincial, mantuvieron contacto con legisladores de ambas Cámaras. Una ley nacional los ampara, por lo que exigen el cumplimiento de la misma, a nivel provincial.
"Estamos hablando de un país inclusivo, pero me parece que no estamos haciendo las cosas bien. Me parece que hay que ponerse en el lugar de los chicos, ellos sufren día a día cuando no pueden asistir a sus terapias, no pueden ir en su transporte y nos solidarizamos y nos ponemos del lado de los prestadores y profesionales", sostuvo Pablo Dulac.
"Cada uno de nosotros realiza un trabajo a cambio de una remuneración y no puede ser que manejen la plata de los prestadores pagando con tres o cuatro meses de atraso", subrayó.
Además remarcó que "siempre cobraron con atrasos y eso hizo que esto se haga cada vez peor y los que quedan en el medio son los chicos".
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