El Senado de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, en lo que fue considerado un triunfo de la comunidad universitaria y científica tras meses de movilización.
Sin embargo, desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL) advirtieron que el panorama institucional sigue siendo crítico, especialmente en lo que respecta al presupuesto 2024, los salarios y las becas estudiantiles.
“Obviamente que estamos todos muy contentos. Esta ley, de una forma u otra, nos da dos posibilidades: por un lado, el reconocimiento al atraso presupuestario que veníamos sufriendo, y por otro, nos da una base para discutir el presupuesto 2026”, señalaron autoridades universitarias tras conocerse la aprobación.
No obstante, remarcaron que aún resta el paso definitivo: la promulgación de la ley, que podría verse obstaculizada si el Ejecutivo decide vetarla, una posibilidad que no descartan. “Claramente la posibilidad del veto está. Pero también está la posibilidad de que el Congreso insista con la ley y no deje firme el veto. Vamos a tratar de conseguirlo en ese caso”, afirmaron.
Un escenario aún complejo
Más allá del avance legislativo, desde la UNL indicaron que la situación financiera y operativa sigue siendo muy difícil. Se mantienen los reclamos por la falta de actualización salarial de docentes y no docentes, y por el recorte de becas estudiantiles, que impacta directamente en la permanencia de miles de jóvenes en las aulas.
“Estamos haciendo prácticamente malabares para llegar a fin de año con los gastos de funcionamiento. Las becas no le alcanzan a los chicos, y la situación salarial sigue sin resolverse”, advirtieron.
También alertaron sobre el impacto humano que el ajuste presupuestario genera dentro de las instituciones: “Las universidades, como otros efectores del Estado, se sostienen por el compromiso y la dedicación de su gente. Cuando eso empieza a deteriorarse, perdemos calidad, coordinación y futuro. Y eso nos preocupa profundamente”.
Finalmente, remarcaron que el Congreso debe seguir siendo el ámbito central de discusión para resolver los problemas estructurales del sistema universitario argentino. “Hay que seguir avanzando. Este logro no es pequeño, aunque lo parezca. Es una base sobre la cual seguir luchando por una universidad pública, gratuita y de calidad”.
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