"Lo que ocurrió esta semana fue la presentación del anteproyecto del código de procedimientos en materia de protección de consumidores y usuarios. Es un gran avance para la provincia. Al momento de sancionarse esta ley se estaría saldando una deuda histórica de la provincia que tiene la posibilidad de contar con herramientas reales que permiten la aplicación de una ley que hace muchos años que tenemos en vigencia. Esta gestión tiene como objetivo efectizar los derechos de los consumidores, jerarquizados a nivel constitucional en 1994. La cantidad de años que llevamos y no se ha podido sancionar una norma de procedimiento que plasme los derechos de fondo en derechos reales mediante normas de aplicación. Ese es el primer gran logro: sistematizar las herramientas de aplicación y las políticas de protección de consumidores", comenzó explicando María Betania Albrecht, en diálogo con Buen Santa Fe.
Además, marcó que este proyecto "vendría a zanjar cuestiones como temas competencias: cuando el proveedor sancionado quiere apelar esa sanción hoy se gira por distintos tribunales porque no hay normas de procedimiento provincial para ver qué tribunal es competente para el tratamiento de esa norma. Estos son algunos de los ejemplos de los avances que traería el Código de Procedimiento: somos dos últimas provincias que no tienen normas de procedimiento. Se planteó un código que consideramos de avanzada a nivel país: lleva más de un año de trabajo".
Y añadió: "este código regula algo importante que son las acciones colectivas, de clase, que no tienen regulación específica. Para que cada persona no tenga que plantear un reclamo individual, la posibilidad de regular estas acciones colectivas para que todos juntos, con agilidad y gratuidad, puedan solucionar su inconveniente. También se aborda el sobreendeudamiento de consumidores: hoy en día muchos se encuentran con dificultades para abordar deudas contraidas para consumo. Se generan herramientas procedimentales para intervenir en esa etapa para que los consumidores encuentren una facilidad para resolver estas situaciones que tanto afectan a su economía familiar".
Con respecto a si el proyecto contempla cuestiones vinculadas al control de precios, la funcionaria consignó que "se viene trabajando fuertemente desde que se comenzó la gestión: los inspectores han salido a la calle para hacer el control. Es una norma equilibrada y respetuosa del comercio y del comercio justo. No hay mejor modo de proteger los derechos de los consumidores que mediante la competencia leal y el comercio justo. Es lo primero que necesitamos para poder defender los derechos de consumidores. Es una norma equilibrada que tiende a acercar a las partes y que insta, en la etapa administrativa, a la conciliación de intereses. Es una normativa que tiene a equilibrar el desequilibrio estructural en el que se encuentran proveedores. No viene a ponerse en frente o en contra de. Consumidores somos todos y todas".
Finalmente, aseguró que "con la pandemia, quedó expuesto este vacío legal. En una provincia tan basta y extensa como la de Santa Fe y en el marco de esta pandemia se pusieron de manifiesto los derechos de los consumidores, quedaron sobre la mesa. Ahí quedó de resalto la falta de herramientas procedimentales que había. Algunas se trataron de zanjar. Con este decreto del Gobernador, que descentralizó facultades de inspección para control de precios, salimos a capacitar a inspectores de municipios y comunas que se dedicaban a otra cosa. Esto venía muy limitado antes del inicio de nuestra gestión".
