La Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe es una organización de “organizaciones” que reúne a más de 30 entidades dedicadas a trabajar por la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente, está atravesando un difícil momento debido a la no actualización de aranceles nacionales que dificultan el futuro de los establecimientos. Ante esto, solicitan que se aplique tal actualización para seguir subsistiendo.
En diálogo con Buen Santa Fe, Francisco Zanotti, vicepresidente de UENDISFE, contó que "la semana pasada, con organizaciones de todo el país, pudimos hacerle llegar al Presidente el reclamo que hoy ronda entre el 70 y el 90% de actualización de los aranceles. Son los cálculos que han acordado las organizaciones".
Con respecto al reclamo, detalló que "el sistema supuestamente debía actualizarse todos los años. El año pasado fue de apenas de 10% y este, de un 34%. Viene con problemas, siempre desactualizado con aranceles. Son los recursos para mantener equipos de trabajo e instituciones para promover la calidad de vida de las personas con discapacidad".
En relación a los aranceles, señaló que "es un sistema nacional, una ley que normatiza y regula las prestaciones a personas con discapacidad. Depende de Jefatura de Gabinete. Tiene un sistema donde se detallan las ofertas prestacionales y servicios para tratar a las personas con discapacidad y, sobre eso, distintos valores. La idea es que esos valores vayan acompañando los porcentajes inflacionarios y las paritarias de los gremios. Es un sistema nacional que genera la sustentabilidad de las organizaciones".
"El sector está en un estado crítico. La realidad es que hay muchas organizaciones que debieron cerrar porque se les hizo imposible. Otras están recortando horas de trabajo, pagando en forma desdoblada los sueldos, armando planes de pago para aportes y contribuciones. Ni hablar de otros sectores que vienen acoplados, como es el del transporte: el 30 y 40% de los prestadores dejaron la actividad el año pasado y este porque se hace inviable", remarcó Zanotti.
En cuanto a los métodos de subsistencia que están desarrollando, contó que "en la medida en que pudiste mantener bien la institución, pudiste hacerte de un ahorro y colchón para sostener el desfasaje de aranceles. A esto, sumar otro problema: los procesos administrativos para pagar y liquidar. Son dilatorios. Se pagan a los 90, 120 y 150 días. Es trabajo de las obras sociales".
Finalmente, destacó que pese a los inconvenientes, el servicio continuó prestándose. "El año pasado sabemos que la pandemia nos impuso un contexto para el cual hubo que aggiornarse. Hubo que crear sobre la marcha para mantener este vínculo virtual, con el envío de materiales y el seguimiento telefónico. Pero sin dejar de brindar esta atención a la persona. En ningún tipo se suspendió".