2.000 empleados públicos santafesinos deberán rendir exámenes para renovar sus contratos

Desde diciembre, más de 40.000 empleados públicos nacionales en todo el país comenzaron a ser evaluados mediante exámenes de idoneidad, una medida establecida en la ley Bases como requisito para renovar contratos que vencen el 31 de diciembre. En Santa Fe, la medida afecta a 2.000 trabajadores, quienes deberán demostrar sus capacidades en comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimientos de leyes de administración pública.

El examen, que ha generado fuerte rechazo, no incluye preguntas relacionadas con las funciones específicas que desempeñan los empleados ni con el funcionamiento interno de la administración pública. Desde el gremio ATE Santa Fe, manifestaron que la medida es “injusta” y solo busca “estigmatizar a los trabajadores del Estado”. Además, señalaron que resulta innecesario evaluar estos conocimientos después de años de experiencia laboral acumulada.

En la provincia, aún no hay precisiones sobre la fecha de inicio de las evaluaciones, mientras que en Buenos Aires ya comenzaron a implementarse. La incertidumbre ha generado, según el gremio, una “psicosis importante” entre los empleados, quienes se enfrentan a la posibilidad de no renovar sus contratos si no aprueban las pruebas.

Para brindar apoyo a los trabajadores, los organismos estatales han puesto a disposición simuladores de preguntas, aulas virtuales y tutorías para practicar. A su vez, en Santa Fe se realizó una encuesta para identificar cuántos empleados requieren capacitación o asistencia previa a los exámenes, aunque los resultados aún no se dieron a conocer.

Desde ATE destacaron que, en otras provincias, la mayoría de los empleados aprueba con buenos resultados, pero remarcaron que el sistema genera incertidumbre y presión en un contexto de falta de precisiones sobre cómo y cuándo se tomarán las pruebas. Además, señalaron que existen medidas cautelares presentadas contra la implementación de los exámenes, aunque la Justicia aún no se ha pronunciado al respecto.

Cómo serán las evaluaciones

La “Evaluación General de Conocimientos y Competencias” será obligatoria, presencial y anónima, con preguntas de opción múltiple. La prueba tendrá una duración de una hora y un puntaje máximo de 100 puntos, siendo 60 el mínimo para aprobar. Cada empleado contará con tres intentos para superar la evaluación.

Las pruebas se dividirán en tres tipos de evaluaciones según el perfil del trabajador: servicios generales, administrativos y profesionales. Cada una incluirá diferentes secciones:

Comprensión lectora: obligatoria para todos los perfiles, evaluará la capacidad de interpretación de textos y extracción de información relevante.

Razonamiento lógico-matemático: ejercicios básicos de cálculos, probabilidades y análisis de gráficos.

Administración pública: exclusiva para perfiles administrativos y profesionales, con preguntas sobre derechos cívicos, leyes clave como el Código Electoral, la Ley de Ética Pública y la Ley de Procedimientos Administrativos.
Si un empleado no aprueba en su primer intento, deberá solicitar un nuevo turno y volver a rendir la evaluación.

Una medida que divide opiniones

Mientras desde el gobierno nacional defienden el examen como una herramienta para garantizar la idoneidad y eficiencia en la administración pública, desde los gremios estatales lo consideran un ataque directo a los trabajadores. Para ATE, la prueba no solo desconoce la trayectoria de los empleados, sino que también genera incertidumbre en un contexto económico y laboral complejo.

En Santa Fe, los 2.000 trabajadores afectados esperan definiciones sobre el proceso, mientras el gremio mantiene su postura de rechazo y se prepara para continuar las gestiones en defensa de sus afiliados. La próxima etapa dependerá de los resultados judiciales y del avance de las evaluaciones en la provincia.