La discusión sobre la ley de alcohol cero en la provincia de Santa Fe vuelve a tomar impulso. La Legislatura analiza un proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que busca implementar un sistema de alcoholemia y narcolemia para los conductores. Sin embargo, la iniciativa no está exenta de polémica, ya que existen dudas sobre la efectividad de los aparatos utilizados para medir el nivel de alcohol en sangre.
Críticas a la tolerancia cero
Uno de los principales críticos de la ley de alcohol cero es el ex director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo. Aymo, quien ya se oponía a la normativa cuando estaba en el cargo, sostiene que la tolerancia cero "no tiene sentido" porque no se puede garantizar su instrumentación debido a que los alcoholímetros no son infalibles.
"Los aparatos no pueden dar cero, es un error y desde el punto de vista jurídico es una aberración. Un engaño", expresó Aymo en diálogo con El Tres. Y argumentó: "En los países que penan a los conductores por presencia de alcohol en sangre, como Estados Unidos o Inglaterra, que no tienen tolerancia cero sino 0,8, la Justicia dice que el Estado no tiene un aparato que sea indubitable para no avasallar los derechos. Si hubiera un aparato indubitable, entonces sí".
Aymo detalló que el grado de error de los alcoholímetros, según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), es de 0,05, pero que con algunos factores como el alcohol sanitizante, el margen de error en la medición puede llegar a 0,3.
El derecho a una contraprueba
El ex funcionario provincial remarcó que todo conductor que esté en una jurisdicción con la norma de alcohol cero tiene derecho a exigir los certificados de homologación del aparato dado por el INTI y también de la última calibración, que debe ser cada seis meses como dice la ley.
Además, el automovilista puede pedir una contraprueba si no está de acuerdo con el nivel arrojado por el test. Y si aún la duda persiste, tiene derecho a que le tomen una muestra de sangre.
El nuevo proyecto de ley
El proyecto de ley presentado por el diputado provincial Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, propone que los conductores de cualquier vehículo motorizado que circulen con cualquier grado de alcoholemia superior a cero o bajo efectos de drogas sean multados con 300 a 1.000 unidades fijas (de 160.000 a 525.000 pesos) e inhabilitación para conducir de entre 15 días y dos años.
El director de la APSV, Carlos Torres, aclaró que la idea es "segmentar" el castigo según la gravedad de la falta. Explicó que "no sea lo mismo 0,2 o 0,3 que 0,8 o 1" y sostuvo que "en casos de alcoholemia muy alta", el conductor tenga que "volver a rendir para obtener nuevamente la licencia, además de pagar", ya que "muchos tienen dinero y no les importa pagar una multa".
"Que se tenga que esforzar, estudiar y volver a rendir", afirmó el funcionario, y mencionó también la posibilidad de agregar "un test psicofísico" a los requisitos a cumplir para seguir manejando, por más que su carnet esté vigente.
Finalmente, el proyecto de Oliver también contempla que las personas detectadas con alcoholemia o narcolemia al volante deberán someterse a un curso de reflexión y revisión de conducta dictado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
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