Confirman prisión preventiva para tres santafesinos acusados de desviar armas al mercado negro

La Justicia ratificó el encierro preventivo de dos hombres y una mujer investigados por adquirir armas como legítimos usuarios y luego venderlas de forma ilegal. La causa investiga un circuito clandestino en Santa Fe y la región.


23 mar, 2026 12:48
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La Justicia confirmó la prisión preventiva para tres personas investigadas por integrar un presunto circuito ilegal de armas de fuego que operaba en Santa Fe y la región. Se trata de Emanuel Blanco, Roque Sebastián Garcilazo y Daiana García, quienes están acusados de adquirir armas como legítimos usuarios para luego desviarlas al mercado negro.

La decisión fue tomada en audiencias realizadas en la Cámara de Apelaciones, donde los jueces Sebastián Creus y Bruno Netri resolvieron dejar firme la medida cautelar.

Armas registradas que no aparecieron

Según la investigación, Blanco habría adquirido nueve armas de fuego entre 2022 y 2025 que luego fueron entregadas a terceros aún no identificados. En tanto, Garcilazo tenía diez armas registradas a su nombre, pero ninguna fue hallada en el domicilio declarado ante la ANMAC durante un allanamiento realizado en diciembre pasado.

En el caso de García, los investigadores determinaron que compró ocho armas entre 2023 y 2024, aunque al momento del operativo policial tampoco se encontraron en su vivienda.

Una red detectada tras múltiples allanamientos

La causa salió a la luz en diciembre, cuando agentes de la Policía Federal Argentina realizaron 17 allanamientos en Santa Fe, Recreo y Esperanza. La investigación fue impulsada por la fiscal Juliana González, integrante del Equipo de Trabajo de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego.

Como resultado de los procedimientos, fueron imputadas nueve personas por provisión ilegal de armas agravada por habitualidad, un delito que prevé penas de entre cuatro y quince años de prisión.

Más de 150 armas bajo investigación

Los investigadores estiman que los imputados adquirieron al menos 154 armas de fuego durante el período investigado y que gran parte de ese armamento no se encontraba en los domicilios de guarda declarados ante los organismos oficiales.

De los nueve acusados, siete permanecen en prisión preventiva, y en las últimas audiencias la Cámara de Apelaciones confirmó la continuidad de esa medida para tres de ellos mientras avanza la investigación.