En la mañana de este martes, se conoció la resolución del procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Carlos Barraguirre, quien planteó la "admisibilidad" del recurso de inconstitucionalidad que había presentado la provincia, después de que en primera y segunda instancia, la justicia laboral rosarina hiciera lugar a un amparo presentado por ex magistrados contra la reforma previsional sancionada en el mes de septiembre del año pasado.
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Reforma previsional: el Procurador de la Corte se expidió al respecto
En la mañana de este martes, se conoció la resolución de Carlos Barraguirre, quien cuestionó los argumentos esgrimidos por exmagistrados del Poder Judicial.
Por Telefe Santa Fé
En el escrito, Barraguirre objetó tanto la vía del amparo como los fundamentos escogidos para argumentarlo.
Planteó que "la evaluación de los requisitos inherentes al amparo fue efectuada con cierto apresuramiento", y advirtió que "los magistrados (intervinientes) eludieron considerar por qué excepcional razón" los amparistas no interpusieron un recurso contencioso administrativo.
Entre los puntos de la ley que los ex funcinaros del Poder Judicial critican se encuentran el descuento transitorio de haberes (aporte solidario) que se mantendrá mientras se extienda le emergencia previsional, y el tope a las remuneraciones del sector.
Respecto de esto último, Barraguirre consideró que la demanda de los ex magistrados carece "hasta de un cálculo aproximado" para determinar si dicho tope "configura un daño grave o irreparable".
Respecto del "aporte solidario" que también se objeta, Barraguirre consideró demasiado "genérica" la argumentación esgrimida, y sostuvo que el descuento "no exhibe la envergadura y la intensidad que la vía excepcional exige.
"Tampoco hay prueba que acredite que la disminución del 6% de los beneficios de los actores, que oscilaron en septiembre último entre 7.925.332 y $11.949975 pesos, tenga real y grave incidencia sobre el nivel de vida de ellos y el de sus familias", dijo.
Finalmente, Barraguirre defendió el accionar de la Legislatura, "dándole peso a los derechos de las partes accionantes pero sin dejar de contemplar el peso que tienen las aspiraciones y derechos de membresía de los otros conciudadanos. Si el balance fue roto, es una cuestión que exige otro tipo de disputa", concluyó.
Tras el pronunciamiento del Procurador, es ahora la Corte quien debe expedirse.
