El exjefe de policía de Rosario y de la provincia de Santa Fe, fue allanado este sábado en horas de la mañana por una secuencia de casos de presunta corrupción económica desarrollados durante sus gestiones al frente de la institución policial. En el marco de la misma investigación también fueron requisados los domicilios de otros dos funcionarios policiales del área de compras: Francisco Fernández, que era jefe de logística, y Luis Gómez, que era el habilitado en el área de Administración y Finanzas. Las situaciones analizadas se remontan al año 2017
Entre los hechos analizados por los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada de Delitos Complejos se encuentra la creación de empresas subordinadas al grupo policial para prestar servicios pagados por la policía con la ventaja de conocer las ofertas de los competidores en el proceso de compras para cotizar menos. Así por ejemplo, según lo investigado, compitieron con firmas formadas a tal efecto para el servicio de corte de pasto, por lo que se facturó 6.500.000 pesos solo en 2017.
Estas empresas estaban aparentemente a cargo de titulares que, según las áreas contables que investigaron el tema, prestaban facturas a los policías jerárquicos, con lo que se llevaban una cantidad menor del dinero cobrado por los diferentes servicios.
La investigación se inició en el año 2019 a partir de una amenaza a un funcionario policial que radicó la denuncia ante el Fiscal David Carizza sobre presuntas irregularidades en los procesos de gestión de compras directas que se realizaban desde al erario provincial por parte de la División de Administración y Finanzas de la Unidad Regional 2 de Policía de la provincia de Santa Fe. Carizza trabajó durante todo el último año esta denuncia que desembocó en los operativos de esta mañana.
A partir de esta situación se realizaron una serie de allanamientos, que siguen en curso, en los que se secuestró documentación sobre todas las contrataciones que esta dependencia realizado entre los años 2017 a 2019 inclusive. Esto implicó que se llenaran 44 cajas con contenidos que fueron analizados por un equipo interdisciplinario perteneciente al Organismo de Investigaciones (OI).
Este equipo integrado por especialistas en ciencias económicas, criminología, personal policial y abogados, luego de dos años de trabajos de análisis e investigación detectó una maniobra por la cual se daría apariencia lícita a un entramado ilegal en el cual se defraudaba al erario público a través de pagos de sobre precios y de favoritismos a determinados proveedores.
A principios del año 2020 se realizaron nuevos allanamientos a las Direcciones Generales de Administración de Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad secuestrándose documentación en más de 30 cajas sobre rendiciones de cuenta de los periodos 2016 a 2018, que termina confirmando que el aparente entramado corrupto transcendía la ciudad de Rosario.
Esta mañana el Organismo de Investigaciones, junto a la Tropa de Operaciones especiales y el Grupo de Operación Táctica realizaron, concretaron allanamientos a siete domicilios, dos de los cuales se correspondieron a una única propiedad, de grandes dimensiones, perteneciente a Villanúa. También fueron allanados funcionarios policiales de altas jerarquías y civiles cuya función habría sido la prestación de servicios de modo irregular.
"Lo interesante de esta investigación es que se empezó por lo que se cobraba por el corte de césped en dependencias policiales y luego se fue avanzando rubro por rubro utilizando la misma tecnología de análisis. Una vez que fue descubierto el mecanismo por el cual se quedaron en un año con casi 7 millones de pesos por cortar el pasto vimos que todo se repetía para robar dinero asignado a la policía en todos los rubros. Estamos convencidos que si aplicamos esta lógica a la mayoría de las unidades regionales nos encontraremos con un procedimiento de fraude similar", confiaron a La Capital fuentes de la investigación.
Algo que llamó la atención de los encargados técnicos de la pesquisa fue la relativa facilidad con la que al examinar estos procedimientos las modalidades fraudulentas quedaron al desnudo. "Solo con dos contadores que se sentaron un par de tardes a estudiar estas facturas se pudo descubrir esto. Y el Tribunal de Cuentas de la provincia, que tiene un gran cuerpo de contadores especializados cuyo único objetivo es controlar esto, en los últimos diez o quince años nunca lo descubrió. Cuando estos papeles llegaban mes a mes no solo no se detectaba irregularidad sino que las compras se aprobaban", indicó un colaborador de la pesquisa.
Villanúa fue jefe de policía durante la administración del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Durante esa gestión se detectó un mecanismo similar de desvío de dinero para compras de parte de los ex jefes de policía de la provincia Rafael Grau y Omar Odriozola, acusados de ser los jefes de una asociación ilícita, que defraudó al Estado con pagos para la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales. Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez habían solicitado al juez Silva penas de nueve años de prisión para los dos ex jefes en los que nueve personas entre policías y civiles fueron condenadas.
