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Legislativas

Portada  |  12 agosto 2022

Avanza en el Concejo la ordenanza de cupo laboral para víctimas de trata y explotación sexual

Se trata de una iniciativa presentada por Inés Larriera, y que actualmente se encuentra en la Comisión de Gobierno. Este jueves se realizó en el recinto una Mesa de Trabajo para abordar la temática, que contó con la participación de Lucia Puyol, secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, y el funcionario nacional Nicolás del Mastro, delegado de la Coordinación del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata. La propuesta presentada por la concejala de Juntos por el Cambio cuenta con el acompañamiento de ediles de diferentes bloques y el apoyo de Asoem.

Con el objetivo de abordar la temática del cupo laboral para personas víctimas de trata y explotación sexual, se realizó en el Concejo Municipal una mesa de trabajo convocada por las concejalas Inés Larriera y Jorgelina Mudallel, y que contó con la exposición de Lucía Puyol, secretaria de Derechos Humanos de la Provincia; y Nicolás del Mastro, delegado de la Coordinación del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de la Región Centro, que depende de Jefatura de Gabinete de Nación.

Inés Larriera, autora de un proyecto sobre el tema que actualmente se encuentra en la Comisión de Gobierno, remarcó que “venimos trabajando desde hace un año en temas vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual. Hemos constituido un Foro de Trata, acompañando proyectos de ordenanza que presentamos, uno de ellos vinculado al cupo laboral para personas víctimas de trata con fines de explotación sexual”.

La concejala de Juntos por el Cambio remarcó que la propuesta “ya ha pasado dictamen de varias comisiones, y actualmente está en Comisión de Gobierno. Se ha hecho hoy puntualmente una jornada de trabajo sobre este tema para evacuar algunas dudas que tenían en algún otro bloque del Concejo Municipal”.

Del encuentro participaron también los concejales Chuchi Molina, Mercedes Benedetti, Carlos Pereira y Saúl Perman; y también asistió Luisina Acevedo, en representación de Asoem, que acompaña la propuesta. También estuvieron Liliana Loyola, de la Asociación Generar; Silvina Sierra, integrante del Comité contra la Trata de Nación e integrante de Convocatoria Abolicionista Federal; Anatilde Bugna, subsecretaria de DDHH de la Provincia, y la dirigente Alicia Tate, entre otros.

“Venimos trabajando en esta ordenanza junto con la concejala Jorgelina Mudallel, y también se han sumado aportes valiosos de Chuchi Molina y Valeria López Delzar, y hoy se han hecho grandes aportes para mejorar y enriquecer esta ordenanza que pasa a formar parte de un circuito que tiene que ver con la prevención, el acompañamiento, la contención, la capacitación y la inclusión laboral de aquellas personas rescatadas”, señaló Larriera.

Apuntó que si bien “estamos pidiendo un cupo para 5 personas”, el número “no es algo donde nos hemos detenido profundamente, sino en el espíritu de la ordenanza, que tiene que ver con ampliar y garantizar derechos: así como otras minorías han alcanzado estos derechos por la positiva, que garantizan espacios de trabajo. Estamos acompañados por el gremio Asoem, que apoya esta iniciativa, y las organizaciones sociales que se especializan en la temática”, valoró.

Por su parte, Nicolás del Mastro contó que “participamos de esta Mesa de Trabajo invitados por las concejalas de distintos bloques. Resaltamos el trabajo local que se hace en la ciudad de Santa Fe. El Concejo Municipal tiene esta iniciativa que nosotros estamos apoyando”, y apuntó que “en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Trata estamos trabajando con las provincias y con los municipios”.

El funcionario nacional remarcó que “nos parece que los municipios están en una oleada nueva que busca reinsertar a las personas víctimas de este delito federal que es una grave violación a los derechos humanos. Nos parece que este tipo de iniciativas apunta a reconstruir una autonomía económica que la persona necesita para reconstruir su vida, y ya hay 27 ciudades en todo el país que han sancionado ordenanzas de este tipo”.

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