La propuesta establece principios fundamentales en materia de transparencia, garantizando el derecho de todas las personas a solicitar, acceder y recibir información del Estado sin necesidad de precisar los motivos, y obligar a proporcionarla de manera gratuita y accesible.
Con el proyecto de ley aprobada, es el turno de la Cámara de Senadores de tratarlo y definir si lo aprueban o no. No obstante, esta no será la primera vez que los senadores santafesinos tienen la decisión en sus manos, porque de 2002 a esta parte, el tratamiento de esta ley ya perdió el estado parlamentario cinco veces. Los motivos son dos, el primero es porque decidieron arbitrariamente no tratarla o cuándo lo hicieron no llegaron a un acuerdo .
La excepción se dio la última vez que bajó al recinto en 2017, cuando en lugar de votar la ley que venía de Diputados, decidieron adherirse a la Ley Nacional, que quedó en la nada teniendo en cuenta que si no es aprobada por ambas Cámaras, la ley no entra en vigencia.
Ante esto, la Fundación Apertura, sigue el tema muy de cerca y está impulsando una campaña para acompañar el avance de la sanción de la ley y para que los ciudadanos puedan interiorizarse.
“Lo que pasa acá es que la sociedad está ajena a estas cosas y no las sigue. Nosotros queremos darle la posibilidad a la gente de que esté en tema y poder confrontar con los legisladores como correspondencia en un gobierno democrático ”, descrito el presidente de la Fundación, Esteban Hernández , en diálogo con CNN Radio Rosario .
“ Necesitamos que esta ley se vote porque sino la gente va a seguir pensando que la política no sirve, que el Estado tampoco. No se puede mejorar la gestión pública sino hay información de calidad ”, profundizó.
Por consiguiente, destacó la importancia de que prospere la ley: “Si podemos concientizar a más cantidad de ciudadanos sobre la importancia de que este año baje al recinto y la ley se vote favorablemente vamos a poder tener todos más información, inclusive los políticos que hacen bien las cosas. Porque cuando hay opacidad todo se nivela para lo más opaco y se descalifica a todo el mundo. Entonces se genera un círculo vicioso en donde la gente en vez de más política quiera más anti política y eso puede llevarnos a cualquier cosa ”.
En cuanto a los datos concretos, hace algunos días fue publicado un informe que comparaba el presupuesto la legislatura de Santa Fe para 2021, con el de la de Córdoba. La santafesina tiene disponibles $7.057 millones, algo así como $19,3 millones por día, mientras que la cordobesa tiene $1.949 millones, un 27% menos.
Diputados tiene para gastar 4.149 millones de pesos y el Senado $2.907 millones, un 29% más que en 2020. Es por esto la importancia de la sanción de la ley de acceso a la información, porque mientras tanto, los legisladores, disponen de una suma millonaria mensual para destinar de manera arbitraria y sin rendir cuentas al respecto.
“Cada senador maneja $ 2.5 millones por mes que nadie controla para qué y ahí está uno de los problemas por el cual los senadores resisten y votan en contra de la ley. Siempre hubo gente que quiso sacar la Ley dentro del Senado pero nunca lograron la mayoría ”, detalló el presidente de Fundación Apertura. Y continúa: “ Los que se resisten lo hacen porque sostienen que no se puede estigmatizar a las personas que ellos ayudan dando su nombre y apellido. Pero ese argumento, por más sincero que parezca, hace imposible controlar que la ayuda verdaderamente le llegue a quienes la necesitan ”.
"La importancia de la ley es que no hay límites ni argumentos que presentar a la hora de que un ciudadano quiera saber algo del Estado. Hay proyectos en el que si uno no presenta una razón legítima, que es a consideración del demandado, no tiene que contestar y la ley viene a eliminar eso . Además con la ley, si el encargado de contestar, no contesta dentro del plazo de la ley no contesta, puede sufrir sanción que puede ir hasta la expulsión del Estado ”, manifestó Hernández.
Por lo pronto, habrá que esperar que la ley vuelva a la Cámara Alta y una vez allí, serán los propios senadores los encargados de decidir el grado de transparencia con el que se manejan.
