El Gobierno promulgó este miércoles la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio, a través de la cual busca prevenir las violencias y abusos en la infancia. La normativa fue impulsada tras el asesinato de Lucio Dupuy, un niño de 5 años, en La Pampa. Por ese crimen fueron encontradas responsables su madre, Magdalena Espósito Valenti (26) y Abigail Páez (28), su pareja, quienes fueron condenadas a prisión perpetua.
La Ley Lucio establece capacitaciones continuas, permanentes y obligatorias en derechos de los niñas, niños y adolescentes, para “personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.
“Podrán también ser destinatarios del citado plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la presente ley”, aclara la normativa.
Teniendo en cuenta distintas variables socioeconómicas, “los contenidos del Plan Federal de Capacitación” deben ser elaborados” en el plazo de seis meses desde su publicación en el boletín oficial de la presente ley, en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF)”.
Con la presencia en el recinto del abuelo del niño, Ramón Dupuy, el Senado había convertido en ley el proyecto el pasado 13 de abril, por unanimidad. La iniciativa, además, tenía media sanción de Diputados desde el 9 de noviembre de 2022.
Principales objetivos
- Velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22, y por las disposiciones de la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones.
- Promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la ley 26.061 como en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. En este marco se deberá propiciar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
- Propiciar la perspectiva de género y diversidades, conforme a los marcos normativos vigentes.
- Recomendar la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de las autoridades administrativas o judiciales de protección de derechos que intervenga cuando se solicite.
