En el marco del recrudecimiento de los hechos de violencia e inseguridad en el sur de la provincia de Santa Fe, y el consecuente contrapunto entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional por las políticas públicas en materia de prevención, las víctimas de la inseguridad reclamaron que en sesiones extraordinarias de la Legislatura se traten una serie de proyectos relacionados con la seguridad.
Las iniciativas que solicitan se traten están pensadas para hacer frente a la grave situación de inseguridad que vive la provincia. Ellas son, en primer lugar, dos proyectos de ley vinculados a la prisión preventiva: uno para que la misma se dicte en casos en los que se cometa delito con portación de arma de fuego - que cuenta con media sanción de Diputados- y los casos de violencia de género en los que se viole una medida perimetral - que se encuentra en tratamiento en Diputados-.
También se solicita que se envíe el proyecto para crear un sistema de protección y monitoreo de la seguridad para los trabajadores y trabajadoras de deliverys, que ya ha sido aprobado en Diputados y el proyecto que crea la Oficina de Protección Inmediata, destinada a la protección de magistrados, funcionarios de la justicia y trabajadores de prensa cuya vida se ve amenazada por el crimen organizado a causa del cumplimiento de sus funciones.
Otro de los pedidos tiene que ver con el tratamiento en extraordinarias el proyecto de creación de un Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos - también con media sanción en Diputados- a los fines de desalentar el robo de cables.
Además se pidió que se proceda a la rápida designación de un nuevo titular de la Dirección de Asistencia Judicial, tras el alejamiento del Director saliente Claudio Ainbinder y se exigió el pronto cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III de la Ley Provincial 14.181, que prevé la capacitación en perspectiva de víctimas de magistrados, funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y de todo agente del Estado provincial que se desempeñe en funciones relacionadas a la atención a víctimas.
Por otro lado, solicitaron que se establezcan programas específicos para simplificar la construcción de comisarías, la compra de chalecos antibalas y equipamiento en general para el personal policial, la adquisición de botones de pánico para los trabajadores y trabajadoras de delivery y cadeteo, y para una rápida tramitación de la pensión social prevista por la Ley Provincial N° 5.110 para víctimas del delito y sus familiares.
Por último, reclamaron la pronta convocatoria de la Junta Provincial de Seguridad.
Catalina Narváez lamentó que “seguimos siempre con los mismos temas. Hace 16 años que estoy peleando por esto. Yo dije que esto iba a explotar y no me equivoqué. Hoy matan a cualquiera, amenazan a fiscales, no hay límites”.
