La Municipalidad de Santa Fe, en un trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), participó este viernes del operativo de inactivación y posterior derribo de un inmueble ubicado en la intersección de las calles Monseñor Zazpe y Doctor Zavalla, en Barrio Sur. La propiedad, que se encontraba usurpada, funcionaba como un punto de comercialización de estupefacientes y un foco generador de hechos de violencia en la zona.
La intervención se encuadró en las acciones estratégicas que se llevan adelante bajo la Ley de Microtráfico. Para el avance de la causa penal, la Municipalidad cumplió un rol activo mediante el aporte de material fílmico de alta relevancia recabado por el sistema de videovigilancia del Centro de Monitoreo Municipal. Dichos registros permitieron a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Fiscalía acreditar las actividades ilícitas conexas que se desarrollaban en el sector.
Complementariamente, las áreas técnicas del municipio confeccionaron informes dominiales y revisiones catastrales que certificaron los patrones recurrentes de ocupación ilegal, vandalismo y conflictividad social. Asimismo, la Dirección de Gestión de Riesgo municipal intervino de forma preventiva realizando tareas de cerramiento y tapiado de los accesos de la finca para evitar nuevas intrusiones previas al desenlace judicial.
La prioridad es el vecino
El secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, Sebastián Mastropaolo, remarcó el impacto positivo de la medida para el entorno urbano y en este sector de la capital santafesina. “Es un momento muy feliz, porque sabemos que esto va a mejorar el barrio, va a traer tranquilidad, va a terminar con la venta de estupefacientes, más una casa usurpada que generaba no sólo muchos inconvenientes a la vecinal, sino a nuestra zona céntrica”, afirmó.
El funcionario detalló que el municipio colaboró permanentemente con el monitoreo de cámaras cercanas y relató que el fin de semana anterior debieron acudir a clausurar el lugar de forma reiterada debido a los intentos de reusurpación, logrando sostener la vigencia de la orden judicial.
En ese sentido, Mastropaolo aseguró que para la gestión actual lo primordial es brindar soluciones concretas a los ciudadanos sin importar qué jurisdicción actúe, destacando el espíritu del trabajo mancomunado.
Asimismo, anticipó que la estructura municipal mantendrá una estricta supervisión de control en el cuadrante mediante un domo de seguridad ya instalado y adelantó que existen proyectos integrales de limpieza y puesta en valor para el parque y la estación de la zona. “Esta zona tiene muchísima potencialidad, hay que darle mucha impronta para mejorarla y lo estamos haciendo con una serie de proyectos que llevaremos a cabo”, cerró Mastropaolo.
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Estrategia e impacto en el territorio
El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, destacó la valentía y el impulso de las autoridades vecinales para visibilizar la problemática. El ministro hizo referencia a los datos brindados por la fiscalía a cargo de la unidad de microtráfico, señalando que en un lapso de ocho meses se habían registrado cerca de 500 incidencias delictivas en un radio de tan solo 200 metros alrededor de la propiedad que se demolió.
“Hoy podemos llegar a esta medida de cese del Estado antijurídico, de inactivación de este punto de venta que sin duda va a tener un efecto positivo en el barrio y va a contribuir en conjunto con otras medidas a recuperar la tranquilidad pública”, aseveró Cococcioni y agregó: “Es un gran reconocimiento a los vecinos del barrio que fueron quienes padecieron este lugar y ellos son los destinatarios de este trabajo”.
El titular de la cartera de seguridad provincial precisó además que este inmueble representa el búnker número 120 inactivado en el territorio santafesino bajo los lineamientos de la legislación vigente, la cual prioriza aquellos espacios que agravan las situaciones de delito generalizado.
El logro del movimiento vecinal
El procedimiento contó con el acompañamiento de referentes vecinales de sectores aledaños, quienes manifestaron la importancia del acceso directo a las autoridades políticas para resolver demandas históricas de seguridad.
Laura D’Andrea, presidenta de la vecinal Barrio Sur, manifestó su desahogo tras concluir una problemática de larga data en el sector: “Esta fue una lucha de muchos años, pero fue una decisión política de este gobierno y para nosotros es muy importante. Cuando nosotros asumimos en la vecinal, hace 5 años nos comprometimos a ayudar al vecino. Ese era nuestro objetivo y eso es lo que queremos”, expresó.
A su turno, la presidenta de la vecinal San Lorenzo, Gisela Galeano, consideró que el acompañamiento del bloque provincial y municipal constituye un logro impresionante para el vecinalismo que diariamente pelea por la seguridad en los barrios.
Finalmente, la presidenta de la vecinal Roque Sáenz Peña, María Carolina Giménez, transmitió que el procedimiento le generó una sensación de sentimientos encontrados tras las demolición de un edificio con valor histórico, pero concluyó que la prioridad absoluta debía ser la seguridad y protección de todos los habitantes del barrio y los sectores aledaños.
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