El Ministerio de Educación de la provincia se pronunció sobre la reciente detención de un preceptor del colegio Lourdes de la ciudad de Santa Fe, quien ya había sido denunciado hace dos años. En declaraciones radiales, la subsecretaria de Educación Privada, Analía Massera, deslindó de responsabilidades a la cartera educativa respecto a la vuelta del agente a las aulas tras aquel primer episodio.
La funcionaria enfatizó que, al tratarse de un establecimiento de gestión privada, la relación laboral de los empleados es con la entidad patronal (en este caso, el Arzobispado de Santa Fe) y no con el Estado.
Por qué el sumario anterior fue desestimado
Al ser consultada sobre los antecedentes del acusado, Massera explicó que la investigación administrativa previa se desestimó debido a que la causa penal no prosperó en la Justicia y los testigos citados en el ámbito escolar no se presentaron a declarar.
Ante este escenario, el Ministerio notificó la resolución a la escuela, pero sin capacidad de veto sobre el personal. “De ninguna manera el Ministerio de Educación tiene potestad frente a la reincorporación de esa persona en las funciones que venía desarrollando”, sentenció.
En esa misma línea, aclaró cuáles eran las opciones del colegio tras el cierre del primer sumario: “La entidad patronal es la que decide si el agente vuelve a su puesto, si se le asignan tareas diferentes que no impliquen trato directo con menores, o si se rompe la relación laboral mediante una indemnización. Ellos decidieron incorporarlo a la escuela en las mismas tareas”.
Activación de protocolos ante la nueva denuncia
Tras conocerse la nueva acusación y la detención del implicado, Massera confirmó que el Ministerio ya puso en marcha los mecanismos de contingencia. La institución educativa notificó formalmente el hecho y en el lugar ya intervienen la supervisora y los equipos socioeducativos para asistir a la comunidad escolar. “Nosotros iniciamos el proceso independientemente de lo que haga la justicia. Van como camino paralelo”, aclaró la subsecretaria respecto a la nueva investigación administrativa que definirá el futuro del agente.
Por último, la funcionaria advirtió que estos procesos de investigación interna demandan tiempo, ya que requieren la citación formal de directivos, docentes y, eventualmente, de alumnos acompañados por sus padres.