El pasado 26 de marzo fueron exhumados restos en el Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación judicial que intenta determinar si una mujer fallecida en 2023 era hija de personas desaparecidas durante la última dictadura.
La causa se tramita en la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, a cargo del fiscal federal Roberto Salum, con intervención de la UFICANTE.
El origen de la investigación
El expediente se inició a partir del testimonio de una víctima del terrorismo de Estado que, en otra causa judicial, mencionó la posible existencia de una persona nacida entre 1974 y 1976 cuya partida de nacimiento presentaba inconsistencias.
A partir de ese dato, el Ministerio Público Fiscal impulsó una investigación preliminar ante la sospecha de delitos de lesa humanidad, vinculados a la sustracción y ocultamiento de menores, la supresión de identidad y la falsificación de documentos públicos.
La búsqueda de ADN y el hallazgo de su fallecimiento
Durante la investigación, la fiscalía intentó ubicar a la persona señalada para obtener una muestra genética. Sin embargo, se constató que había fallecido en 2023 y que sus restos estaban sepultados en el cementerio local.
Ante esta situación, se dispuso una medida cautelar para preservar el cuerpo y evitar cualquier alteración hasta poder avanzar con la extracción de ADN.
A pedido de la fiscalía, el Juzgado Federal de Reconquista, a cargo de Aldo Alurralde, autorizó la exhumación con el objetivo de obtener material genético que permita su análisis.
El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del 26 de marzo y se extendió por aproximadamente dos horas. Un equipo especializado extrajo dos piezas óseas, tras lo cual el ataúd fue restituido a su lugar de sepultura.
Las muestras obtenidas fueron enviadas al Banco Nacional de Datos Genéticos, donde serán analizadas para determinar si existe compatibilidad con registros de familiares de personas desaparecidas.
Un proceso clave para la restitución de identidad
La medida se inscribe en las investigaciones por delitos de lesa humanidad que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, orientadas a restituir la identidad de posibles víctimas de apropiación durante el terrorismo de Estado.
