La creciente preocupación de los vecinos de San José del Rincón por la realización de fiestas clandestinas motivó una respuesta oficial. A través del director del Área de Control y Seguridad, Rafael Ibañez, la Municipalidad aclaró cómo se aplican las normativas vigentes y cuáles son las responsabilidades tanto de quienes organizan los eventos como de los propietarios de las casas quintas donde suelen llevarse a cabo.
Rafael confirmó que la ordenanza 177, que regula los espectáculos y reuniones masivas, “existe y se cumple”, aunque su aplicación requiere una estrategia articulada. Según explicó, en los últimos días se desactivaron “dos o tres fiestas” que habían generado preocupación entre los residentes.
La normativa establece entre siete y ocho requisitos obligatorios para realizar un evento: habilitación municipal, informe de seguridad e higiene firmado por un profesional matriculado, presencia de personal médico y de enfermería, seguro civil, y en caso de tratarse de pool parties, guardavidas. A esto se suma la intervención de la policía y personal de tránsito.
El funcionario señaló que el problema más frecuente se da en casas quintas alquiladas para fiestas, cuyos dueños muchas veces desconocen la normativa y no exigen habilitaciones a quienes reservan el espacio. Un caso reciente ocurrió en calle Santa Rosa de las Colmenas, donde una despedida organizada por alumnos de 16 y 17 años debió ser suspendida. Como marca el protocolo, los menores no pudieron retirarse solos y se esperó la llegada de los colectivos que los trasladaban, bajo custodia policial.
En situaciones donde hay mayores involucrados, se labran actas, se identifica a los responsables y se aplican multas. “Estamos hablando de sanciones que superan el millón de pesos”, advirtió Rafael. Cuando se trata de reincidentes, el municipio puede clausurar definitivamente el lugar para eventos y derivar el caso a la justicia penal.
El mensaje final fue claro: ni jóvenes ni adultos pueden organizar reuniones multitudinarias en quintas alquiladas sin cumplir con las normativas vigentes. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad y las sanciones económicas —además de los riesgos para la seguridad— pueden ser muy graves.
