La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dio inicio hoy al "Programa de Capacitación – JUICIO POR JURADOS, ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE LA LEY 14.253", destinado a todos los operadores judiciales del fuero penal del Poder Judicial de Santa Fe. La capacitación, que es obligatoria, tiene como objetivo brindar a los participantes las herramientas necesarias para la implementación del nuevo sistema de juicio por jurados, que entrará en vigencia en la provincia en el próximo año.
El acto de apertura estuvo a cargo del presidente de la Corte Suprema, Dr. Rafael Gutiérrez, quien destacó la importancia de la capacitación para el éxito de la implementación del juicio por jurados. "Este nuevo sistema es un desafío para todos nosotros, y es fundamental que estemos preparados para afrontarlo de la mejor manera posible", afirmó Gutiérrez.
Las jornadas de capacitación se desarrollarán en seis encuentros, que se realizarán en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Los temas que se abordarán incluyen la intervención del juez en la etapa de preparación del juicio, la gestión judicial, el desarrollo del juicio, la selección de jurados, la sentencia y los recursos.
El programa de capacitación cuenta con la participación de destacados juristas de Argentina y del exterior. Entre los expositores se encuentran el Dr. Víctor del Río, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco; la Dra. Cristina Pisarello, jueza de la Cámara en lo Criminal de Resistencia (Chaco); el Dr. Gonzalo Romero, responsable de la oficina de Jurados Populares de Córdoba; el Dr. Andrés Harfuch, defensor general en San Martín (Buenos Aires); el Dr. Sebastián Videla, fiscal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires; el Dr. Rubén Chaia, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay (Entre Ríos); y el Dr. Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
La implementación del juicio por jurados en Santa Fe es un hito histórico en la justicia provincial. Este nuevo sistema permitirá que los ciudadanos participen directamente en la administración de justicia, lo que contribuirá a fortalecer la confianza en las instituciones y a garantizar un proceso judicial más justo y transparente.
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