La provincia ordenó la intervención del Ente Puerto de Reconquista

El decreto de Perotti que interviene el puerto de Reconquista, firmado el lunes pasado, salió a la luz en medio de las negociaciones que encara la Casa Gris para sumar adhesiones a su plan de salvataje de Vicentin, que de la mano de una injerencia tripartita elude la instancia de la expropiación impulsada días atrás por el presidente Alberto Fernández.

El jefe de la Casa Gris dispuso la intervención del Ente Administrador Puerto de Reconquista (Eapre) por 180 días y designó al frente del proceso a Martín Deltín, actual representante del Ejecutivo santafesino en la terminal fluvial.

 El gobernador justifica la intervención en lo que sucede con la "Terminal B" del mismo puerto, cuyas instalaciones están destinadas al uso privado, por lo que "claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando solo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley".

Finalmente el gobernador Omar Perotti señala en su decreto de intervención, una denuncia de su representante en el Ente Puerto, por una actividad no autorizada de la balsa, el 26 de mayo de 2020.

En su decreto, el gobernador también menciona que según surge de las Actas del Directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades, lo que puede ser considerado, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción; Que en este marco se informa sobre un grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control, no respetándose el esquema de auditoría externa, y siendo el propio Síndico en ejercicio, quien oficiara de contador del Ente, confeccionara, suscribiera y a la vez desempeñara el rol de auditor externo de los Estados contables, y asimismo su estudio contable llevara la administración económico-financiera del Ente; Que se presenta un evidente incumplimiento de la fiscalización y control que implica una auditoría externa, una incompatibilidad ética y confusión de roles, que hacen al desbalance de la figura propuesta por la Ley; Que, en el mismo sentido, se suma la situación de que uno de los directores fue designado apoderado legal del Ente; Que todo ello deriva en que el desenvolvimiento institucional del Ente Puerto resulte cuestionable fundadamente por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos, entre los que cabe resaltar el apego a normas éticas y al accionar transparente y que amerita ser rectificado."