El prolongado despliegue criminal de la denominada "polibanda" sumó este jueves dos nuevas condenas en la capital de la provincia. A través de un juicio de procedimientos abreviados, dos funcionarios policiales admitieron su culpabilidad como miembros de una asociación ilícita dedicada a cometer asaltos domiciliarios utilizando falsos operativos de seguridad.
Condenas y complicidad en la región
La resolución fue confirmada por el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, quien lidera la investigación junto a la fiscal Mariela Jiménez. Los uniformados imputados recibieron penas de 6 años y 8 meses de prisión en un caso, y de 5 años y 6 meses en el otro.
Si bien se constató que no participaron de manera directa en el emblemático copamiento de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes ocurrido en noviembre de 2022, la Fiscalía probó su complicidad interna y su coautoría en otros violentos golpes perpetrados en Los Zapallos y en la localidad de Recreo.
Cooperativismo criminal y roles de seguridad
Al ser consultado sobre la estructura de la banda —que ya cuenta con más de siete personas condenadas—, Hernández explicó que la organización funcionaba de manera "cooperativa" más que bajo una jefatura única. "Todos los integrantes llevaban información acerca de domicilios, bienes que podía haber y horarios de las familias", detalló el fiscal.
No obstante, la estructura sí contemplaba la figura de organizadores que tomaban las decisiones tácticas principales. Uno de esos eslabones clave era un excomisario de la fuerza provincial que ya fue condenado previamente; la banda se reunía en su propia vivienda para coordinar la logística y definir el uso de uniformes oficiales para engañar a las víctimas.
El rol logístico de los uniformados
El entramado delictivo operó activamente al menos entre los años 2020 y 2023 bajo una aceitada división de tareas:
Policías fuera de servicio: Se encargaban de ingresar armados a las viviendas simulando ser agentes en medio de un allanamiento legal.
Policías en funciones: Permanecían en las inmediaciones de los objetivos elegidos para liberar la zona, brindar seguridad táctica y garantizar la no intervención de otros móviles policiales de la jurisdicción.
Con estas dos nuevas condenas firmes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se encamina a cerrar la etapa penal contra los últimos cinco implicados (dos ex policías y tres civiles) que rechazaron el acuerdo de abreviado y avanzarán hacia el juicio oral y público.
