El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de ley para derogar en su totalidad la ley popularmente conocida como la "Ley de Etiquetado Frontal", una medida que organizaciones de salud pública y derechos de consumidores califican como un grave retroceso en materia de derecho a la información y protección de la salud.
El proyecto firmado por el Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el Ministro de Salud Mario Lugones, sostiene la necesidad de reducir “limitaciones regulatorias, económicas y armonizar criterios dentro del MERCOSUR”. Sin embargo, más de 300 organizaciones de la sociedad civil y academia rechazan la iniciativa porque podría eliminar una política integral diseñada específicamente para proteger la salud de la población -especialmente, la de niños, niñas y adolescentes- y el acceso a la información de las y los consumidores.
La propuesta oficialista de derogación generó una profunda alarma en las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica, quienes advierten sobre el absoluto estado de desprotección en el que quedará la ciudadanía. La Ley N° 27.642 no solo establece sellos de advertencia en los envases; también regula la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a infancias, promueve entornos escolares saludables y prohíbe estrategias de marketing en alimentos con excesos. Su eliminación implicaría desmantelar por completo el sistema de protección de manera inmediata.
A diferencia de los cuestionamientos del Poder Ejecutivo, que califica el sistema como "inconsistente" o "simplificado", distintos estudios generados por el propio Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF y FIC Argentina tras la implementación de la ley demuestran que los sellos funcionan:
- Apoyo a la ley: El 90% de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de forma rápida y sencilla los productos poco saludables.
- Cambios en la intención de compra: más de la mitad de la población afirmó haber modificado su intención de compra de bebidas (63%), yogur (62%) y galletitas (50%).
- Cambios en la percepción: el estudio realizado por UNICEF y FIC demostró que el etiquetado frontal es identificado como una herramienta que permite “desenmascarar engaños” al mostrar la verdadera composición nutricional de los productos. En este sentido, tras la implementación de la ley, se redujo notablemente el promedio de las personas que percibían como saludables productos con nutrientes críticos como el yogur, los cereales de desayuno y el jugo.
- Uso activo y cotidiano: Un 55,9% de los argentinos utiliza los sellos negros "siempre o casi siempre" como guía primordial al momento de decidir sus compras.
Antes de la sanción de la norma, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2019) solo el 13% de la población lograba interpretar la compleja información nutricional tradicional declarada al dorso de los envases. Los octógonos democratizaron el acceso a la información para toda la población independientemente de su nivel educativo.
La falacia de la unificación regional
El proyecto de ley del Ejecutivo argumenta la necesidad de avanzar hacia una armonización regional dentro del MERCOSUR. Sin embargo, organizaciones y especialistas advierten que los modelos que hoy se discuten en la región son considerablemente menos efectivos que el sistema argentino vigente, basado en el Sistema de Perfil de Nutrientes (SPN) de la Organización Panamericana de la Salud, considerado el más preciso y protector de toda la región.
Por ejemplo, mientras el modelo argentino detecta de forma rigurosa el exceso de azúcares perjudiciales en el 68% de los yogures del mercado, el modelo uruguayo solo lo advierte en un 9% y el brasilero en un ínfimo 1%. En sintonía, el sistema de octógonos ha demostrado ser más claro y efectivo que el modelo de "lupa" (utilizado en Brasil), capturando mejor la atención y promoviendo decisiones de compra sustancialmente más saludables.
“Rechazamos profundamente esta medida que representa un ataque directo a la salud pública. No existen argumentos sanitarios ni científicos que justifiquen la necesidad de derogar la Ley de Etiquetado. Avanzar en ese sentido significaría quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas, e implicaría un grave retroceso en el derecho a la salud y a una alimentación adecuada".
Instituciones académicas, organizaciones de salud pública y de derechos humanos hacen un llamado urgente a los miembros del Congreso de la Nación para que prioricen la sólida evidencia científica disponible, rechacen de plano este intento de retroceso y defiendan el derecho a la salud y a la información transparente de todo el pueblo argentino.
