El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación de Santa Fe, emitió una alerta preventiva ante los recientes episodios de carteles, pintadas y mensajes con amenazas de tiroteos en instituciones educativas.
Desde la cartera se convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención, promoviendo el abordaje del tema en las aulas e incorporándolo como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.
No es una broma: es un delito
La comunicación, elaborada junto al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, remarca que este tipo de acciones no deben interpretarse como bromas. Según se indicó, constituyen el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión.
Además, se advirtió que se avanzará en la identificación de los responsables, quienes podrán ser sometidos a procesos dentro del fuero penal juvenil.
Investigación y rápida identificación
En este contexto, se destacó el trabajo del Ministerio Público de la Acusación, que utiliza herramientas como análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP.
Estas tareas permiten identificar a los autores con rapidez y pueden derivar en allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.
Impacto económico y responsabilidad familiar
Otro de los puntos señalados es el costo que generan estas amenazas. Cada episodio activa operativos con fuerzas policiales, servicios médicos y cortes de tránsito, además de interrumpir las clases.
En ese sentido, la Provincia recordó que los padres o tutores pueden ser responsables por los daños ocasionados por menores, por lo que el Estado podrá reclamar el reintegro de los gastos derivados de estos procedimientos.
El rol de las familias y el efecto redes
Las autoridades también advirtieron sobre el “efecto contagio” en redes sociales, donde estos hechos pueden banalizarse o difundirse como desafíos virales.
Por eso, se instó a las familias a reforzar el diálogo en los hogares y acompañar a niños y adolescentes en la comprensión de la gravedad de estas conductas. “Lo que puede parecer un reto viral puede derivar en consecuencias penales y económicas”, señalaron.
Finalmente, el mensaje oficial subraya la necesidad de un compromiso conjunto para erradicar estas prácticas y proteger el normal desarrollo de la vida escolar.
