La doctora Estrella Jorgelina Moreno Robinson, titular del Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la provincia de Santa Fe, presentó ante la Legislatura Provincial el informe de gestión correspondiente al año 2025. El documento expone un balance intenso, marcado por la reciente implementación del nuevo Código Procesal Penal Juvenil (Ley 14.228), vigente desde el 21 de junio de 2025.
El impacto de la nueva ley juvenil
A partir de la entrada en vigencia de la normativa, el MPD asumió de manera formal la defensa técnica de los menores en conflicto con la ley penal. La legislación exige garantizar un servicio de alta calidad que respete los estándares internacionales, manteniendo una proporcionalidad numérica entre defensores y jóvenes, además de un abordaje preventivo mediante equipos multidisciplinarios.
A pesar de los desafíos del debut del sistema, las cifras oficiales del período reflejan una alta actividad: el organismo asistió a un total de 873 adolescentes en toda la provincia, participó en 243 audiencias imputativas, en 446 audiencias de medidas cautelares y concretó el cierre de 124 legajos.
Alerta por falta de recursos y presupuesto
El punto crítico del informe radica en las condiciones en las que se debió asumir esta tarea. Desde el MPD advirtieron que el artículo 65 de la ley no previó la asignación ni el traspaso de recursos humanos con experiencia, ni de materiales para la nueva estructura defensiva.
Esta situación generó una fuerte desigualdad institucional respecto al Ministerio Público de la Acusación (MPA), organismo que sí recibió personal del antiguo fuero de menores para llevar adelante las fiscalías. "El organismo debió asumir la nueva incumbencia sin que le fueran traspasados ni asignados recursos", remarca con contundencia el documento presentado.
