La industria santafesina atraviesa un momento crítico. En los últimos días, el anuncio de 220 despidos en la planta bonaerense de Whirlpool encendió alarmas en toda la región, no solo por el impacto directo, sino por la fuerte integración de la empresa en el entramado productivo nacional, del cual Santa Fe es un actor clave.
Desde la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), su secretario, Walter Andreozzi, sostuvo que este recorte, sumado a los ajustes en firmas con plantas en la provincia como Cramaco y Essen, constituye “una señal de que la caída de la demanda y la apertura indiscriminada de importaciones continuarán”.
Andreozzi remarcó que la industria nacional se encuentra en una clara situación de desventaja: costos elevados, carga impositiva, problemas logísticos y ausencia de políticas de apoyo dificultan competir contra productos que llegan del exterior a precios mucho más bajos. A modo de ejemplo, señaló que algunos bienes argentinos pueden encontrarse más baratos en un shopping de Chile que en el propio mercado interno.
El panorama político tampoco ofrece alivio inmediato. Para FISFE, el resultado del proceso electoral reciente y la continuidad de las políticas económicas vigentes no anticipan mejoras en el corto plazo. Por el contrario, estiman que la tormenta para el sector industrial se extenderá, como mínimo, durante los próximos dos años.
Además, Andreozzi sumó otro motivo de alarma: “La caída de la demanda y la apertura indiscriminada generan preocupación por la aceleración del proceso de cambio de carteras en las empresas”, es decir, la sustitución de productos nacionales por importados.
La situación adquiere especial gravedad en Santa Fe, una provincia que concentra más de 30 mil empresas industriales. La combinación de apertura comercial, retracción del consumo interno e inestabilidad política amenaza miles de puestos de trabajo y coloca al sector en un escenario donde la advertencia dejó de ser pronóstico para convertirse en crisis concreta.