Este miércoles por la mañana, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, convocó a una conferencia de prensa luego de la reunión mantenida la noche anterior con voceros de la protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. Pidió que los manifestantes regresen de inmediato a sus puestos de trabajo y anunció que serán retirados de la situación de disponibilidad en la que habían sido colocados de manera preventiva.
El funcionario explicó que, pese a las manifestaciones, el funcionamiento del sistema de seguridad no se vio comprometido. En ese marco, remarcó que “a lo largo de todo este proceso, la seguridad estuvo garantizada”, gracias a la redistribución de recursos para sostener el patrullaje urbano y evitar situaciones de gravedad.
Cococcioni señaló que la condición para abrir una instancia de diálogo fue la recuperación de niveles razonables de presencia policial en la vía pública. Según detalló, a partir de las 22 del martes esa exigencia comenzó a cumplirse de manera parcial, lo que permitió retomar el contacto con referentes del personal que se encontraba manifestándose.
Si bien aclaró que aún no se restableció completamente la normalidad del servicio, el ministro atribuyó esa demora a los tiempos propios de la comunicación interna dentro de la fuerza. Como primer paso para destrabar el conflicto, pidió que los policías que participan de la protesta se reincorporen de inmediato a sus tareas, con su armamento y chalecos reglamentarios. Además, confirmó que se dejarán sin efecto los pases a disponibilidad aplicados de manera preventiva.
El ministro destacó especialmente el desempeño del personal policial en los últimos años y afirmó que “el personal de seguridad hizo un esfuerzo sobrehumano que los distingue del resto del personal del Estado”. En esa línea, señaló que la mayor exigencia horaria y operativa derivó en niveles elevados de estrés, una situación que el gobierno reconoce como parte del problema.
En relación con el reclamo salarial, Cococcioni reconoció la legitimidad del planteo y explicó que el pedido central apunta a que los agentes con menores ingresos se acerquen al piso salarial, dado que no perciben adicionales.
Por su parte, el ministro de Economía acompañó los anuncios y aseguró que el impacto del estrés laboral debe ser atendido y compensado en todas las jerarquías. Explicó que el esquema salarial en análisis contempla que todo efectivo que porte un arma perciba un ingreso no inferior al valor de la canasta básica publicada por el Indec, con variaciones según el rango y la jerarquización.
Además de la cuestión salarial, el gobierno adelantó medidas complementarias para mejorar las condiciones laborales: refuerzo de los dispositivos de salud mental para el personal policial, adecuación de los horarios de trabajo sin comprometer la seguridad y soluciones vinculadas al transporte para los efectivos.
