Trata laboral en Santa Fe: rescataron a 31 personas que vivían en condiciones inhumanas

Un total de 31 personas fueron rescatadas de dos campos rurales del norte de Santa Fe, donde vivían y trabajaban en condiciones extremas de precariedad.

La operación fue realizada en el marco de una investigación por trata de personas con fines de explotación laboral, ordenada por el juez federal de Rosario Eduardo Rodrigues Da Cruz, y ejecutada por fuerzas provinciales y nacionales.

Las víctimas, originarias de Los Juríes, en Santiago del Estero, eran sometidas a jornadas laborales de lunes a lunes, de 8 a 18 horas, por una paga de apenas 300 mil pesos por quincena, a la que se le descontaba el costo de la comida.

Además, no tenían acceso a agua potable, baños ni condiciones básicas de vivienda. Se alojaban en campamentos improvisados, sin servicios, y debían hacer sus necesidades en tachos.

El operativo

El caso se inició cuando personal de la División "Coordinación contra el Trabajo Ilegal" de ARCA y RENATRE realizaban una inspección en el establecimiento rural “Santa Ana”, ubicado cerca de la Ruta Provincial 77, en la localidad de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio. Allí se encontraron con una quincena de trabajadores en situación de total vulnerabilidad, entre ellos dos menores de 17 años.

A pocos kilómetros, en otro campo identificado como “La Revancha e Isabeliana SA”, perteneciente a la misma firma, se hallaron otras cinco personas en condiciones similares, también trasladadas desde Santiago del Estero por un presunto encargado de ambos predios.

A raíz de estos hallazgos, la Fiscalía Descentralizada de Rafaela solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada por el juez Rodrigues Da Cruz. Entre la noche del jueves y la mañana del viernes, efectivos de la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los procedimientos correspondientes.

Como resultado, se rescataron 31 personas y se incautaron teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones y otros elementos de interés para la causa.

Víctimas en estado de vulnerabilidad

Durante las primeras entrevistas, realizadas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas, se pudo constatar que las víctimas no tenían medios para comunicarse con el exterior, algunos no sabían leer ni escribir, y muchos no poseían documentación personal. Las autoridades señalaron que no podían abandonar el lugar por sus propios medios, lo que configura un posible caso de reducción a servidumbre.

Además del Ministerio de Justicia de la Nación, intervino también la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, que junto con la Municipalidad de Tostado, se encargó del alojamiento, asistencia médica y alimentación de los rescatados.

Investigación en curso

En el marco de la causa, dos personas fueron imputadas y quedaron a disposición de la Justicia. Intervienen en la investigación el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, junto a los fiscales auxiliares Federico Grimm y Pablo Micheletti.

La causa continúa abierta bajo la calificación de trata de personas con fines de explotación laboral, un delito federal que contempla penas de prisión y multas elevadas.