Santa Fe aprobó la Ley Antimafia para endurecer la lucha contra el crimen organizado

El Senado provincial votó por unanimidad la nueva normativa que apunta a fortalecer las herramientas judiciales contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. La iniciativa contó con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro y fue impulsada a nivel nacional por Patricia Bullrich.


19 mar, 2026 18:00
Santa Fe aprobó la Ley Antimafia para endurecer la lucha contra el crimen organizado | Legislativas
Aprobación unánime en el Senado

El Senado de la provincia de Santa Fe aprobó este jueves la denominada Ley Antimafia, una iniciativa que busca endurecer las herramientas de investigación y sanción contra el crimen organizado y el narcotráfico en el territorio provincial.

El proyecto fue votado por unanimidad en la Cámara Alta y forma parte de una estrategia más amplia para reforzar las políticas de seguridad. La normativa había sido impulsada a nivel nacional por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y cuenta con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro.

Una herramienta contra las organizaciones criminales

Tras la aprobación, la diputada provincial Ximena Sola explicó que la ley busca atacar a las organizaciones delictivas en toda su estructura.

“Esta herramienta viene a robustecer la política de seguridad de nuestra provincia y ataca de raíz a las organizaciones criminales, desde el que está en el búnker vendiendo hasta el que está detrás de un escritorio lavando el dinero para financiar el narcotráfico”, sostuvo la legisladora.

Nuevas facultades para la investigación

Entre los puntos principales, la Ley Antimafia establece que todos los integrantes de una organización criminal podrán recibir la pena máxima, independientemente del rol que cumplan dentro de la estructura delictiva.

Además, la normativa habilita investigaciones focalizadas en zonas específicas y permite realizar allanamientos rápidos para desarticular redes delictivas. También contempla la posibilidad de detener a una persona hasta por 48 horas durante una investigación, siempre con autorización del Ministerio Público Fiscal y bajo criterios de urgencia fundada.



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