La Legislatura santafesina se prepara para una definición clave en la conformación de la nueva Corte provincial. Luego de meses de tensión política y tras la reciente reforma de la Constitución, el Gobierno busca concretar la salida de los ministros que superan los 75 años: Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco.
El oficialismo sostiene que el objetivo es avanzar hacia una integración más joven y acorde a los nuevos lineamientos institucionales establecidos en la Carta Magna reformada.
Los tres postulantes propuestos
Los candidatos enviados por el Ejecutivo deberán atravesar el análisis legislativo y el escrutinio público:
Aldo Mario Alurralde: actual juez federal de Reconquista, con trayectoria en el fuero federal y representación del norte provincial.
Diego Luis Maciel: con vínculo estrecho con el Poder Legislativo, se desempeña como secretario administrativo del Senado santafesino.
Jorgelina Mabel Genghini: abogada rosarina y jueza municipal de Faltas, con presencia activa en el ámbito de la abogacía organizada.
Audiencia pública y participación ciudadana
La presidenta de la comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, confirmó la realización de una audiencia pública este miércoles 25 en la Cámara de Diputados. Allí, organizaciones y ciudadanos podrán formular observaciones y preguntas a los postulantes.
“La integración de la Corte debe resolverse con debate público y control social”, sostuvo la legisladora, en un contexto donde sectores de la oposición observan el proceso con cautela.
El cronograma de la definición
Miércoles 25: audiencia pública en Diputados para evaluar antecedentes e idoneidad.
Jueves 26 (previsto): convocatoria a Asamblea Legislativa. Si existe dictamen favorable de la comisión de Acuerdos y consenso político, se procederá a la votación de los pliegos.
Una Corte de siete miembros
La reforma constitucional estableció el límite de edad para los jueces y amplió de cinco a siete el número de ministros del máximo tribunal. Para la Casa Gris, completar esta nueva estructura es clave para agilizar el funcionamiento del sistema judicial.
En tanto, voces críticas remarcan que el desafío central será garantizar el equilibrio y la independencia del tribunal frente al poder político de turno, en una etapa que marcará un antes y un después en la historia institucional santafesina.