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El Gobierno de Milei impulsa un Código Penal más estricto, penas altas y menos beneficios
La reforma propuesta por la gestión Milei endurece las penas para delitos graves, elimina la prescripción en los más severos y restringe libertades y atenuantes, con el objetivo de aumentar el cumplimiento efectivo de las condenas.
El Gobierno nacional trabaja en un nuevo Código Penal que promete una reconfiguración profunda del sistema punitivo argentino. Según el anteproyecto al que accedió Noticias Argentinas, la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cerrar la “puerta giratoria” que —según el documento— permite que personas condenadas vuelvan a delinquir.
La propuesta endurece las penas en una amplia variedad de delitos, eleva los mínimos para garantizar mayor cumplimiento efectivo y restringe los beneficios que hoy permiten reducir condenas. También elimina la prescripción en un conjunto extenso de delitos graves, entre ellos homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, trata, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico.
Entre los cambios más relevantes, el homicidio simple pasaría de 8 a 25 años de prisión a una escala de 10 a 30, mientras que el homicidio agravado incorporaría nuevos supuestos con penas de prisión perpetua. También se elevan las sanciones para lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y delitos vinculados a la pornografía infantil, cuyo máximo llegaría a 12 años.
La sección dedicada al robo incorpora figuras específicas para modalidades como “motochorros” y “viudas negras”, además de nuevos tipos vinculados a la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo con violencia, por ejemplo, aumentaría su escala a entre 3 y 10 años de prisión.
El anteproyecto también limita la posibilidad de acceder a condenas condicionales y a libertades anticipadas. Según el cálculo oficial, “el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva”. Quedarán excluidos del acceso a beneficios condenados por homicidio, robos con armas, delitos cometidos por funcionarios y reincidentes.
Otra novedad es que las penas comenzarán a ejecutarse una vez rechazado el recurso extraordinario federal, sin necesidad de esperar la resolución de la Corte Suprema. Además, las cadenas perpetuas “no tendrán límite temporal” y los funcionarios condenados perderán de manera automática sus jubilaciones de privilegio.
La reforma también amplía el marco de la legítima defensa y otorga mayor participación a las víctimas en decisiones vinculadas a la ejecución de la pena. Según el documento, los cambios buscan reforzar su rol en el proceso penal y brindar respuestas “a una demanda social largamente insatisfecha”.
