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Tras el fallo judicial, el Gobierno evalúa un decreto para reasignar partidas de discapacidad y universidades
No quiere aplicar cambios en el proyecto de Presupuesto para que no regrese a Diputados.
El Gobierno evalúa reasignar partidas para destinar al cumplimiento de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, después de la derrota legislativa por el capítulo XI del Presupuesto en la Cámara de Diputados y tras el fallo judicial que establece cumplir con la norma destinada a actualizar el presupuesto de las casas de altos estudios.
Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno “cree que tiene los números para aprobar” el Presupuesto 2026 en la sesión del viernes próximo en el Senado, así como tampoco quiere "cambios” en ese proyecto para que no vuelva a Diputados.
Además, en la Casa Rosada evalúan un decreto para reasignar partidas para la emergencia en Discapacidad y el financiamiento de universidades.
En tanto, La Libertad Avanza sumó un nuevo respaldo del peronismo para aprobar el viernes próximo en el Senado el Presupuesto, ya que cuatro senadores de Convicción Federal acompañarán la votación en general.
De esta manera, el Gobierno se encamina a tener por primera vez un Presupuesto aprobado desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre del 2023, ya que hasta ahora había administrado al país con la prórroga de la ley aprobada en el 2022.
El fallo
La Justicia federal le ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario.
El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.
Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.
