Durante la semana se conoció la novedad que indica que el Gobierno de la provincia de Santa fe comenzará en breve una auditoría integral para recolectar información sobre el funcionamiento de los radares y sistemas de fotomultas instalados en rutas provinciales.
Esta iniciativa surgió a partir de una consulta realizada a la Fiscalía de Estado provincial por parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial con la intencion de obtener un dictamen jurídico sobre el esquema actual de fiscalización vial. La medida alcanzará tanto a los radares gestionados directamente por la provincia como a los instalados mediante convenios con municipios y comunas.
En la actualidad, Santa Fe cuenta con menos de 20 radares provinciales administrados por una empresa concesionaria, aunque existen más de 50 localidades habilitadas para fiscalizar velocidades a través de acuerdos específicos.
En ese marco, se precisó que se revisarán las homologaciones técnicas de los cinemómetros, su ubicación y las condiciones bajo las cuales fueron autorizados.
La resolución también apunta a definir los límites de gestión entre Provincia y Nación, enfocándose en la superposición de facultades. Es que Santa Fe mantiene una adhesión parcial a la Ley Nacional de Tránsito, situación que genera interpretaciones diferentes sobre quién tiene la potestad para fiscalizar y sancionar infracciones en rutas nacionales y provinciales.
