El Tribunal de Faltas municipal notificó la sentencia al propietario del perro de raza pitbull que provocó la muerte de “Garrafa” en Ciudad Universitaria. La resolución establece una multa de 600 Unidades Fijas (UF), equivalente a $1.020.600, por infracción a las ordenanzas N.º 7.882 y 11.180, que regulan la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos.
Multa económica y pena accesoria
Además de la sanción económica, la jueza dispuso una pena accesoria con fines concientizadores: el infractor deberá participar en seis charlas obligatorias sobre tenencia responsable de animales, que serán dictadas por el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) en establecimientos educativos durante el ciclo lectivo 2026.
Desde el ámbito municipal indicaron que la medida busca no solo penalizar la conducta negligente, sino también generar conciencia social sobre la responsabilidad que implica la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
El incumplimiento de la normativa
Según consta en la actuación administrativa, el perro que atacó a “Garrafa” circulaba sin correa ni bozal en la vía pública, incumpliendo la normativa vigente. El procedimiento se inició tras una denuncia ingresada a la línea de atención ciudadana 0800-777-5000.
Las ordenanzas establecen que los propietarios de perros que, por su tipología racial o características, puedan causar lesiones deben registrarlos y cumplir estrictamente con medidas de seguridad, como el uso obligatorio de correa y bozal en espacios públicos, además de contar con el calendario sanitario al día.
Reconocimiento y compromiso oficial
De acuerdo a lo informado, el propietario manifestó arrepentimiento y reconoció la gravedad de la falta cometida, así como la necesidad de respetar y difundir las normas de seguridad en el cuidado de este tipo de animales.
En ese marco, desde el Ejecutivo local, encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti, remarcaron el compromiso con el cumplimiento de las normas de convivencia y la promoción de la tenencia responsable, al considerar que el uso seguro del espacio público constituye una responsabilidad compartida.
