A menos de una semana de su sanción legislativa, el Poder Ejecutivo promulgó la nueva Ley de Municipalidades, que reemplaza una normativa con base en 1939. La flamante legislación introduce cambios estructurales en la organización de los gobiernos locales, en línea con la reciente reforma constitucional.
Transición: qué pasa con las comunas
Aunque la ley ya está vigente, la normativa actual de comunas (Ley Nº 2439) seguirá en funcionamiento hasta el 10 de diciembre de 2027. Este período de transición busca garantizar el normal funcionamiento institucional, mientras se adapta el sistema al nuevo modelo.
No obstante, la nueva ley comenzará a aplicarse en los procesos electorales de autoridades municipales previstos para ese año.
Autonomía municipal y nuevo esquema
La legislación se desprende de la reforma constitucional sancionada en septiembre, que reconoce la autonomía de los municipios en aspectos institucionales, políticos, administrativos, económicos y financieros.
Además, establece que toda comunidad organizada será considerada municipio y podrá, según su población, dictar su propia Carta Orgánica.
Cambios en la organización y representación
La nueva norma clasifica a los municipios según su cantidad de habitantes y redefine la composición de sus órganos de gobierno:
- Desde 2027, todos los municipios elegirán intendente.
- Localidades con menos de 10.000 habitantes tendrán comisiones municipales.
- Las que superen ese número mantendrán concejos deliberantes, aunque con cambios en la cantidad de representantes.
Alcances y funcionamiento
La ley, compuesta por 111 artículos, regula competencias, organización, control y administración de los municipios. También habilita la creación de regiones, áreas metropolitanas y asociaciones intermunicipales para coordinar políticas públicas.
Asimismo, se aplicará a municipios sin Carta Orgánica propia y, de manera supletoria, a aquellos que sí la tengan pero no contemplen ciertos aspectos previstos en la normativa.
Una reforma histórica
La nueva Ley de Municipalidades actualiza un marco legal con más de 80 años de antigüedad y sienta las bases para un sistema más autónomo y moderno de gobiernos locales en la provincia, con implementación plena a partir de 2027.
