El envío del proyecto de ley que impulsa once reformas en materia de seguridad pública en la provincia de Santa Fe generó fuertes cruces entre legisladores oficialistas y opositores.
La iniciativa fue presentada durante la reunión de gabinete encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro en la ciudad de Santa Fe y busca modificar distintos aspectos del sistema penal y procesal.
El respaldo del oficialismo
El diputado provincial Martín Rosúa defendió el paquete de reformas y aseguró que “es muy favorable” para enfrentar la crisis de inseguridad.
Según expresó, las medidas “ajustan el proceso de persecución a quienes delinquen” y brindan más herramientas a fiscales y jueces para investigar. Además, destacó la incorporación de tecnología para patrulleros y personal policial, junto con el endurecimiento de medidas contra delitos organizados desde las cárceles.
Rosúa sostuvo que “las once medidas impulsadas por el ministro Pablo Cococcioni permiten actuar más rápido, investigar mejor y prevenir delitos”.
Las críticas de la oposición
Por su parte, el diputado provincial Carlos Del Frade cuestionó duramente la iniciativa y advirtió que “Santa Fe avanza hacia un Estado casi fascista”.
En declaraciones radiales, el legislador consideró que el proyecto responde “a encuestas que piden mano dura” y criticó el fortalecimiento de facultades para las fuerzas de seguridad.
Además, afirmó que “la entidad policial está corrupta y no tiene sentido darle tanto poder”, y aseguró que las reformas “no le hacen bien a la democracia santafesina”.
Qué cambios propone la reforma
Entre los principales puntos del proyecto se destacan modificaciones en las declaraciones policiales e interrogatorios, la posibilidad de juicios penales en rebeldía y una mayor flexibilidad en la admisión de pruebas judiciales.
También se incluye la habilitación de allanamientos sin orden judicial previa en casos de secuestro de armas en la vía pública, la posibilidad de derribo de inmuebles vinculados al microtráfico por orden fiscal y medidas coercitivas dispuestas mediante decreto fiscal.
Otro de los ejes es la incorporación del procedimiento por decreto penal para contravenciones y delitos menores, con el objetivo de agilizar la respuesta judicial.
