La Fiscalía Regional 2 inició una investigación penal preparatoria ante la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en el marco de la protesta policial que se desarrolló este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario, ubicada en Ovidio Lagos al 5200.
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que recibieron actuaciones del área de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad vinculadas a unos 20 agentes policiales desplazados por el Gobierno provincial tras los hechos ocurridos durante la manifestación.
Posible abandono de funciones
De acuerdo a los informes preliminares, “surgiría en principio que personal policial no habría cumplido con el servicio al que estaban afectados”. Por este motivo, la Fiscalía dispuso avanzar con la investigación para determinar eventuales responsabilidades penales.
Las medidas estarán a cargo de la Unidad de Flagrancia y Turno y de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Además, se analizará si la conducta de los efectivos comprometió la seguridad pública, en especial ante la eventual ocurrencia de delitos que pudieran haberse evitado con la normal prestación del servicio.
La protesta policial
La manifestación fue retomada este martes por la mañana por un grupo de policías, familiares y allegados en la sede de la Unidad Regional II. Desde antes de las 7, unos 20 móviles policiales se ubicaron sobre calle Ovidio Lagos con sirenas encendidas, en rechazo a las mejoras laborales anunciadas por el Gobierno provincial la semana pasada.
Aunque el patrullaje no se vio interrumpido, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, reconoció que el servicio se sostuvo “con esfuerzo”. Durante la protesta nocturna previa, grupos especializados debieron intervenir para evitar el bloqueo del ingreso a la Jefatura.
La respuesta del Gobierno provincial
El Gobierno de Santa Fe calificó las protestas como acciones impulsadas por “intereses particulares y sectoriales” y resolvió pasar a disponibilidad a 20 agentes, sin descartar nuevas sanciones. En conferencia de prensa, Cococcioni respaldó a la cúpula policial y diferenció los reclamos laborales legítimos de las “acciones violentas y antijurídicas” que, según afirmó, buscaron afectar la política de seguridad provincial.
