El Gobierno de Santa Fe informó que el pasado viernes se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas en todo el territorio provincial. La cifra fue dada a conocer en conferencia de prensa por autoridades provinciales.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, advirtió que la problemática es abordada con la “mayor seriedad” debido al impacto que genera en el sistema educativo y en la seguridad pública.
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Consecuencias legales para los responsables
Desde el Ejecutivo remarcaron que estos hechos no quedarán impunes. Según explicó el funcionario, las personas involucradas —incluso menores— pueden enfrentar consecuencias que afecten su futuro, como dificultades para obtener certificados de buena conducta o viajar al exterior.
Además, las causas judiciales ya están en marcha y, según se informó, existen personas identificadas que cumplen medidas cautelares.
Costos millonarios para el Estado
Cada amenaza implica la activación de protocolos de seguridad con despliegue de patrulleros, brigadas especiales y bomberos. Según datos oficiales, un operativo básico tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos.
A esto se suma un impacto indirecto: recursos policiales que deberían estar destinados a la prevención del delito son desviados para atender estas falsas alarmas.
Reclamos económicos y avance judicial
El Gobierno provincial también confirmó que avanzará con acciones para recuperar los costos operativos. En ese sentido, se instruyó a las áreas legales para iniciar demandas de resarcimiento económico contra los responsables, sean mayores o menores de edad.
Las autoridades insistieron en la necesidad de tomar dimensión de la gravedad de estas conductas, que no solo alteran el normal funcionamiento escolar, sino que generan consecuencias penales, económicas y sociales de largo alcance.
